Gobiernos y partidos aspirantes a gobernar: el malestar de la manifestación del sábado contra los precios de los alquileres es profundo y extendido y debe ser atendido con honestidad, rapidez y sin medias tintas. Como por los gobiernos han pasado derechas e izquierdas, el fracaso político es general y es exigible el consenso para encontrar soluciones, si no queremos crispar más a una parte numerosa de la sociedad, que no puede más.
La locura del mercado inmobiliario es como la inflación, que castiga todos los días la vida y la psicología de todos, también aquella gente que trabaja, tiene un sueldo y paga puntualmente sus impuestos. Impacta el presente y el futuro de la sociedad en su conjunto, porque sin una vivienda no existe ningún plan de vida posible y sus efectos desvinculadores parten en dos el país y son una amenaza a la democracia ya la convivencia.
Asimismo, no comparto la criminalización general de los propietarios de pisos caricaturizados como simples rentistas o como si todos fueran grandes tenedores. Son muchos los que deben hacer números, porque el mantenimiento en condiciones de una vivienda, los gastos de comunidad y los impuestos gravan el ingreso mensual más de lo que parece caliente.
No comparto esta criminalización a menos que entremos en la impugnación total del sistema (y entonces, hagámoslo con todas las consecuencias), y sin tener en cuenta que el sistema ya está siendo impugnado desde arriba, por las tecnologías que comienzan a cambiar el mercado de trabajo, algunas de ellas en manos de los propietarios privados de los algoritmos, que tienen fuerte capacidad para resistirse a la regulación pública. Es hora de dotar de contenido real a los derechos básicos, y el de la vivienda es uno de esos derechos.
