La virulencia y terquedad con que la presidenta de la Comunidad de Madrid castiga a las universidades públicas madrileñas no debería extrañarnos. Sigue el camino ya iniciado con su antecesora en el cargo, Esperanza Aguirre, quien provocó ya una profunda crisis de financiación de estas universidades durante su mandato. Crisis que las universidades llevaron a los tribunales y ganaron, cuando la comunidad tuvo que pagar más de 450 millones de euros en concepto de transferencias no realizadas. Gracias a ese dinero, las universidades públicas de Madrid han podido ir sobreviviendo estos años. Díaz Ayuso lleva ya tiempo en una ofensiva radical contra todo lo público favoreciendo al sector privado en el campo de los servicios públicos, como así ha ido haciendo en sanidad, en servicios sociales o en educación obligatoria. Ahora toca la educación superior. Detrás hay un modelo que quiere separar las clases medias de los servicios públicos deslegitimando su funcionamiento y situándolos en el campo de quienes no pueden permitirse pagar sus cuotas. La comunidad donde se pagan menos impuestos, donde son bienvenidos los que quieren invertir, vengan de donde vengan y sea cual sea el origen de su capital. El problema que tiene este proyecto es que hay servicios públicos muy sólidos, que tienen un buen funcionamiento y que son apreciados por aquellos usuarios. Pero la batalla está planteada y puede tener efectos más allá de Madrid.
El caso de las universidades es un buen ejemplo de ello. En el conjunto del Estado existen cincuenta universidades públicas, presentes en más de doscientas ciudades del país y con una producción científica que las hace liderar cualquier clasificación de calidad investigadora disponible. Existe también un conjunto de universidades privadas de larga trayectoria, con vinculaciones diversas con congregaciones religiosas, que gozan de una buena reputación académica, tanto en el campo de la docencia como en el campo de la investigación.
La novedad radica en la reciente proliferación de iniciativas mercantiles, muchas de ellas vinculadas a fondos de inversión de todo tipo de orígenes, que han impulsado la rápida proliferación de nuevas universidades privadas, hechas muchas de ellas con prisas y sin cimientos sólidos. Más allá de la búsqueda de beneficios rápidos (que es un hecho muy relevante), a la combinación de flexibilidad, adaptación muy rápida a las cambiantes demandas del mercado y facilidad de acceso (siempre que puedas pagar el precio de las matrículas) añade el valor, nada despreciable para algunas personas y familias, que pueda tener contactos y relaciones útiles para las futuras trayectorias profesionales. Éstos son los motivos que en buena parte explican este rápido crecimiento.
Parece evidente que la implementación del decreto de 2021 que regulaba la creación de universidades privadas con exigencias significativas no ha tenido los efectos esperados, dada la connivencia y la tolerancia con la que algunas comunidades autónomas han afrontado estas iniciativas. Más allá de lo que se pueda hacer desde el ministerio correspondiente, y en línea con la política europea al respecto, las universidades públicas deben reforzar sus mecanismos de coordinación y gobernanza para afrontar esta nueva coyuntura, reforzando sus puntos fuertes y mejorando los aspectos en el que las nuevas iniciativas presentan ventajas.
En Cataluña, esta tendencia no se ha dado con la misma fuerza que en otros lugares del Estado. Más allá de que no haya habido complicidad desde la dirección de las políticas universitarias de la Generalitat, lo cierto es que tanto la solidez de las universidades públicas catalanas y los centros de investigación vinculados a ella como la tradición y el arraigo de las universidades privadas existentes en el país no han dejado demasiados espacios para estas operaciones financieras revestidas de una aparente innovación educativa. Sin embargo, hay que mejorar muchas cosas en el funcionamiento del sistema universitario catalán, y entiendo que se está trabajando, tanto en propuestas de reforma como en mejorar la financiación. infraestructuras y espacios, así como avanzar en mayor flexibilidad en la oferta de titulaciones. Pero hay que recordar que la amplia autonomía de la que gozan las universidades les permite, en el marco de sus competencias y si disponen de la financiación adecuado, desarrollar las acciones que consideren necesarias para un mejor funcionamiento. Y en este sentido todo lo que tiene que ver con mantener el contacto con los ex alumnos, generando ofertas de actualización de conocimientos y favoreciendo la red de contactos, sería muy necesario.
La perspectiva europea en materia universitaria, que es ya política interior a todos los efectos, apunta a utilizar de manera más decidida esta autonomía para así ir diferenciando universidades, proyectos y lógicas de funcionamiento, y, en este sentido, las universidades públicas catalanas tienen un claro protagonismo, cómo se puede comprobar analizando su presencia en las Alianzas de Universidades Europeas impulsadas desde la UE. La credibilidad de las universidades públicas no puede fundamentarse sólo en motivos ideológicos de defensa de iniciativa pública. Hay que seguir asegurando su calidad y su participación decidida en la gran labor de formación a lo largo de la vida y de transferencia e impacto de su investigación que impulsa la UE, que toma la forma de iniciativas como las microcredenciales o los doctorados industriales , campos en los que nuestras universidades públicas trabajan de forma decidida.
