Este martes, un grupo de seis economistas (Joan B. Casas, Júlia Montserrat, Daniel Quer, Francesc Raventós, Josep Reyner y yo mismo) que hemos decidido denominarnos Economistas por el Bienestar presentamos un documento titulado '¿Como mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Catalunya?'. Nos preocupaba que la infrafinanciación de Catalunya hubiera desaparecido del debate público cuando es el problema de mayor impacto sobre el día a día de la ciudadanía de Catalunya. No proponemos ninguna solución concreta, pero damos un toque de atención sobre el problema de siempre: dentro del estado español, a Catalunya se le ha asignado el papel de ser el estado del bienestar de todos los demás, pero de ser censurada si se queja del peso que tiene que soportar. Compartimos el destino con las Islas, que tienen una función similar. En cambio, Madrid, que cada vez es más próspera gracias a ser jugador y árbitro en el reparto de recursos y de oportunidades, disfruta de los grandísimos privilegios de la capitalidad. Esta capitalidad justifica mucho gasto público que no es verdad que sirva a todos los ciudadanos: sirve en primer y principalísimo lugar a los ciudadanos de Madrid. Es más, atrae muchos recursos privados: empresas y profesionales de alta calificación, que tienen que vivir en la nueva Corte del Reino de España, definida por el gran poder regulador y contractual del Estado. La otra gran área de prosperidad son las comunidades forales que disfrutan de un régimen fiscal modélico –el concierto económico– y un muy buen trato bilateral –una cuota (el “cupo”) generosa–. El balance de años de concierto y cuota es que han pasado de ser contribuyentes netos a ser receptores netos de recursos. Todo con anchísimos consensos políticos transversales.
El resultado es una detracción de recursos insoportable para Catalunya. Lo denominamos déficit fiscal. Es el succionador de los recursos generados por Catalunya, que ya no van solo a financiar comunidades autónomas menos prósperas en PIB per cápita, sino que les proporciona más recursos públicos por habitante de los recursos de los que dispone Catalunya. No decimos más PIB per cápita (que también), sino más recursos públicos por habitante, que es la materia de la cual están hechas las políticas del estado del bienestar: la salud, la educación, los servicios sociales, la vivienda (las cuatro de responsabilidad autonómica), y también la red de transportes de Cercanías y las pensiones (de responsabilidad estatal). La otra cara de aquella solidaridad es la insuficiente provisión de servicios públicos de bienestar en Catalunya. Los Economistas por el Bienestar no entendemos que estas carencias no sean la prioridad de todas las fuerzas políticas, especialmente de aquellas que cuentan con la representación de amplios segmentos de la población destinataria y receptora de políticas de bienestar. Son las mismas fuerzas que en otras comunidades autónomas defienden a capa y espada estos recursos públicos destinados al bienestar de la ciudadanía, pero que en Catalunya son responsables, por acción o por omisión, de su empobrecimiento.
El documento que hemos preparado tiene la virtud de concretar, algo más de lo que es habitual, las problemáticas específicas de las grandes políticas de bienestar que reclaman urgentemente más recursos. Además, pone cifras a las carencias que hemos registrado. Las hemos detectado por los consensos transversales de profesionales y expertos, usuarios, ciudadanos organizados, entidades públicas y fundaciones privadas. Algunos expertos muy calificados nos han proporcionado información y criterio. Al final, acabamos poniendo cifras –euros– para evaluar las carencias. Los 9.107 millones de euros, inferiores al déficit fiscal, son fruto de cuantificarlas sometiéndolas a un test de realidad. Las carencias pueden ser infinitas, como las ambiciones humanas, pero en nuestro caso el tope lo fijan los estándares de gasto de la comunidad autónoma mejor dotada de recursos públicos –Euskadi–. Hay casos en los que esto nos lleva a la media europea, pero en otros no es así, sino que queda por debajo. En todos los casos mejora significativamente la actual disponibilidad de recursos. Sean más guarderías, más docentes por alumno, más ayudas a la autonomía personal, más facilidades de acceso a viviendas de protección oficial, mejores transportes de Cercanías para ir y venir del trabajo, centros de salud mejor dotados de personal sanitario o pensiones sostenibles, se trata de tener un impacto positivo sobre la calidad de vida de todos los ciudadanos de Catalunya.
Albert Carreras es catedrático de Historia e Instituciones Económicas del Departamento de Economía y Empresa de la Universitat Pompeu Fabra y director de ESCI-UPF
