He defendido en varias ocasiones que la financiación de la Generalitat que han pactado ERC y el PSC es: a) un concierto similar al de vascos y navarros, b) un modelo que mejora los ingresos de la Generalitat en un mínimo de 6.300 millones de euros al año, y c) un modelo que solo podrá ver la luz si el resto de comunidades autónomas tienen la opción de adoptarlo.
Antes de la negociación, y puestos a elegir entre salir del régimen común (obtener la llave de la caja) o mejorar la financiación (reducir el déficit fiscal), el anterior gobierno de la Generalitat había decidido sacrificar el segundo para asegurar el primero. Por eso, la propuesta que se elaboró poco antes de la convocatoria de elecciones no hablaba de cantidades de dinero. El objetivo principal era poner luz a los recursos de los catalanes: cuáles se quedan en Catalunya, cuáles se van al Estado para pagar los servicios que este presta a los catalanes y cuáles se van en concepto de solidaridad con las comunidades menos desarrolladas. Se consideraba que, aunque la Generalitat acabara reteniendo los mismos recursos, el mero hecho de clarificar las cuentas constituía un primer paso para mejorarlas más adelante.
El resultado de las elecciones ha precipitado una negociación entre el PSC y ERC que ha dado lugar a un acuerdo en el que el PSC (con la bendición del PSOE) no solo acepta el concierto (aunque sin ese nombre) sino que se añade el principio –crucial– de que la solidaridad está limitada por la ordinalidad, lo que implica una mejora importantísima de los recursos que corresponden a la Generalitat.
Como era de esperar, tanto una cosa (que la Generalitat salga del régimen común) como la otra (que mejore sus recursos) han despertado la oposición de muchos. García Page y Borrell claman porque consideran inaceptable que la Generalitat sea beneficiaria de un concierto a la vasca; todos claman porque, dicen, todo lo que toque de más a la Generalitat les va a tocar de menos a ellos.
El proyecto solo puede salir adelante si los dirigentes de las comunidades autónomas peor financiadas llegan a la conclusión de que lo que más les interesa es aceptar la generalización del modelo: que a ellos también se les aplique, si así lo deciden. Por eso el PSOE ha insistido tanto en este punto.
La cosa estaría clara de no ser por la peculiar posición de Madrid. Me explico.
El principio de ordinalidad establece que una comunidad autónoma no puede recibir una financiación per cápita inferior a la de otra comunidad que haya aportado menos. En la práctica, esto implica que Catalunya no puede recibir menos que Cantabria, que es la comunidad mejor financiada. En el último año liquidado, la Diputación de Cantabria recibió 784€ más por habitante que la Generalitat. Para igualar a Cantabria, la Generalitat debería recibir –al menos– esa cantidad multiplicada por la población catalana, o sea, otros 6.300 millones.
La generalización del modelo beneficiaría a todas las demás comunidades que aportan más que Cantabria. Las que tienen mucho que ganar (entre 700 y 800 € por habitante) son Madrid, Valencia, Baleares, Murcia y Andalucía. Otras dos comunidades autónomas, Castilla-La Mancha y Aragón, ganarían alrededor de 400 € por habitante. En el caso de Andalucía la mejora representaría otros 6.000 millones, en el de Madrid 5.600 millones, en el de Valencia casi 4.000, y así sucesivamente. En total, el Estado debería aportar a la financiación de las CCAA un total de 26.000 millones de euros más cada año. No es una cifra imposible (representa el 1,7% del PIB español), pero en el contexto de consolidación fiscal exigida por la Unión Europea para reducir la deuda pública, no será fácil cuadrar las cuentas.
Por tanto, el modelo solo puede salir adelante si de Mazón a Moreno Bonilla pasando por Lambán, García Page y Prohens se forma un frente favorable al cambio de modelo. Difícil, porque o son del PP o como si lo fueran; pero no imposible, porque tienen mucho que ganar.
Ahora bien, a la hora de extender el modelo, el caso de Madrid representará la excepción, porque no resultará nada trivial calcular cuál es el gasto en el que ha incurrido directamente el Estado en beneficio de los madrileños, porque el Estado hace en Madrid muchas cosas que no hace en ninguna parte más. Por eso, aunque su gobierno reciba menos que Cantabria, parece claro que la Comunidad de Madrid no está tan infrafinanciada como lo están Catalunya, Baleares o Valencia.
Madrid no será, pues, un aliado, y eso es un problema, pero podemos mirarlo en positivo. Una de las ventajas de la financiación pactada es que hará transparente qué se hace con los impuestos de los catalanes: cuántos se quedan en Catalunya y cuántos se van al Estado y por qué. La extensión del modelo al resto de comunidades autoónomas tendrá la ventaja adicional de poner de manifiesto que Madrid nunca ha sido financiada como el resto de CA, aunque, sobre el papel, todas lo estemos con un mismo régimen común.
