¿Por qué no acepté el aval de la Generalitat?

El psicólogo Florian Kaiser habla del "decir que no como último bastión de la libertad de decisión". En el Kurier austríaco, Guido Tartarotti describe el fenómeno de la época anterior a los navegadores en coches y móviles: cuanto más tiempo se lleva yendo en la dirección equivocada, menos predisposición se tiene a dar media vuelta –incluso si cada vez hay más y más dudas sobre el camino elegido—. El motivo: se ha invertido tanto tiempo, nervios y combustible, 'y todo esto no se puede perder a lo loco! El efecto es conocido en psicología y por el mismo motivo hay personas que se aferran a relaciones personales tóxicas y que les hacen infelices, ven una película mala hasta el final o siguen fieles a su grupo de música, incluso cuando ya hace tiempo que el cantante ha perdido la voz. Lo mismo es aplicable a los antivacunas: cuantas más pruebas hay de que se equivocan, más tercos son. En Catalunya, muy bien podríamos hablar de los partidarios de la República de Ítaca. Es más fácil repartir premios al botifler del año que reconocer que el largo camino no lleva a ninguna parte. A finales del 2017 Laura Fàbregas reflexionaba en The Objective sobre "la traición". "Mi pueblo tiene un alcalde de la CUP [...] y mi patria sentimental es Catalunya, [...] pero no soy independentista". Desde otros lugares de España se nos pregunta "¿Por qué habéis tardado tanto tiempo a hablar?" Pero es que con las políticas identitarias y con el nacionalismo una persona se siente "parte de un colectivo, se siente catalana", y entonces "es muy difícil debatir desde los sentimientos; no hay un punto de encuentro, porque cada cual tiene los suyos y todos son legítimos".

No me acogí a los avales del Institut Català de Finances (ICF), puestos desde la Generalitat a disposición de aquellos que han tenido que hacer frente a la declaración provisional del Tribunal de Cuentas –en relación al procedimiento administrativo abierto en el ámbito de la acción exterior catalana–, por dos motivos: Carles Monguilod, mi abogado, expresó desde el inicio graves dudas sobre la legalidad de la medida. "Entendí que podría ser problemático, puesto que algún partido ha presentado querella y se podría correr el riesgo de pasar de una causa civil a una penal", declaraba a la prensa. Podríamos hablar incluso de un "uso indebido de fondos públicos", y esto no tiene nada que ver con ninguna ideología política.

Había, también, importantes dudas éticas: este verano se publicaban los últimos datos sobre el riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE en el acrónimo inglés). En un barómetro que solo tenía parcialmente en cuenta los efectos de la pandemia, un 26,3% de ciudadanos se encontraban en situación de riesgo. La UGT habló de «dos millones de catalanes y catalanas» afectados, con 426.000 hogares que tuvieron que «pedir ayuda a familiares, amigos o entidades privadas o religiosas» durante 2020 para poder llegar a final de mes. El indicador de riesgo, el más alto en ocho años, se situaba solo una décima por debajo de la media española. Catalunya ya no lidera en España; o como mínimo, se ha convertido en un lugar donde florecen las desigualdades. En mi opinión, ejercer responsabilidades de gobierno tendría que perseguir la finalidad primordial de mejorar la calidad de vida y el nivel de bienestar de los ciudadanos, y hacerlo desde el control del gasto y el respeto escrupuloso al dinero que se gasta, que es de todos y que proviene de los impuestos que pagamos con muchos esfuerzos. En este sentido no me pareció ético que la Generalitat avalara a un grupo de personas, la mayoría de las cuales son todavía hoy altos cargos del Govern o viven de sueldos o recursos públicos –no es mi caso; ya hace muchos años que volví a la privada–. Así se lo comenté a Esther Vera y Josep Cuní en la SER Catalunya, y este artículo es el fruto de su amable invitación a explicarme en el ARA.

En verano, el Tribunal de Cuentas dictó una orden de embargo contra mí. Estoy del todo tranquilo: nunca cometí ninguna ilegalidad, defenderé mi inocencia hasta el último céntimo, y estoy seguro que todo ello es un malentendido.

Un buen día, la caixa de solidaritat se puso en contacto con nosotros. Y lo hizo solo para decirnos que no querían ayudarme, puesto que según su criterio no muestro "suficiente espíritu de combate". No hacía falta que Pep Cruanyes se tomara la molestia. Estoy muy orgulloso de no tener espíritu de combate; nunca fui a ninguna guerra, nunca trabajé ni trabajaría para buscar el enfrentamiento entre catalanes, ni tampoco con el resto de España. Vivimos en un país orgullosamente complejo, plural y mestizo, y esta es la realidad que seguramente asusta a aquellos que se dedican a hacer listas para separar los buenos de los malos catalanes. Es aterrador, sin embargo, traducir la afirmación a cualquier lengua europea y entenderla en un contexto de democracia y estado de derecho. Es aclaratorio ver la crudeza del sectarismo de esta organización y estoy contento de que no quisiera ayudarme.

En Austria había un partido conservador que quería volver a liderar un gobierno, y decidió de entregar el cetro del poder a una joven promesa llamada Sebastian Kurz y a su equipo de asesores de comunicación. Nadie haría preguntas al núcleo que lo centralizó todo. A cambio, querían el éxito de la operación Ballhausplatz, destinada a subir y mucho las expectativas de voto y así ganar elecciones. Ahora, un presunto escándalo de corrupción alrededor de la manipulación de estudios de opinión y la supuesta compra de favores de algunos medios empiezan a dibujar cómo funcionaba el sistema Kurz. En Die Presse, el redactor en jefe Rainer Nowak –también mencionado en los chats de la encuesta– habla de ambiente de "resaca", pero también de su "principal reproche contra Kurz y su etapa en el gobierno: con una planificación y un método cínicos, a veces lúdicos, se trata más y más de cómo se consigue y se conserva el poder, y cada vez menos de aquello que se puede hacer o transformar desde el ejercicio del poder".

También en Catalunya existe la sospecha fundamentada que, a la hora de la verdad, el independentismo ha elegido conservar el poder, y no hacer acción de gobierno ni transformar el país en beneficio de la ciudadanía. Más allá del crecimiento del riesgo de pobreza, el postprocés sigue acumulando méritos como por ejemplo más inseguridad en las calles, la bajada histórica en el uso social del catalán o el fomento de la polarización y el extremismo en la política, en Catalunya y en toda España. No somos traidores aquellos que osamos insinuar que ya hace tiempos que habría que dar media vuelta. En este momento histórico, Ítaca no es viable; ni sabemos dónde está, ni nadie sabe cómo llegar ni tiene intención de hacerlo.