Esta semana se ha publicado la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del año 2023, una radiografía de cómo vive la ciudadanía y cómo llega a fin de mes. Y no es sólo un ejercicio informativo, de saber cómo mejora o empeora nuestro bienestar, sino una de las herramientas más útiles que tenemos para diseñar mejores políticas. Si los instrumentos públicos que definimos no se adaptan a las necesidades reales de la ciudadanía, poco podrán realizar para mejorar su calidad de vida.
Desde principios del 2022 hemos vivido una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 965 euros al mes en 14 pagas a 1.134 euros, así como aumentos consecutivos del ingreso mínimo vital (IMV), el principal sistema de garantía de rentas del Estado. Asimismo, los precios de las materias primas y de la energía se dispararon hasta llegar a superar una inflación del 10%, y el coste de la vivienda tampoco ha dejado de crecer. Y todo esto define la capacidad de las familias para llegar a fin de mes. En primer lugar, vemos que en general la tasa de pobreza del 2023 se redujo ligeramente en Cataluña. Los salarios más altos y la mejora de las prestaciones aumentaron los ingresos de muchas personas. Pero esto no se traduce automáticamente en vivir mejor. Los datos muestran que tenemos más hogares que viven con carencias, desde no poder hacer frente a gastos imprevistos o mantener la casa caliente hasta disponer de un consumo mínimo de alimentos proteicos.
Si lo miramos con más detalle, vemos que estos dos indicadores –el riesgo de pobreza y la carencia material y social grave– no afectan por igual a todas las personas. Y, respecto al año anterior, las carencias golpean especialmente a hogares que, por poco, no se encuentran en riesgo de pobreza. Son las personas que tienen demasiados ingresos para ser consideradas pobres pero que no logran llegar a cubrir unos mínimos para tener una vida de calidad. Y no dejan de aumentar las familias que, año tras año, viven peor.
A su vez, la tasa de pobreza agregada se reduce, pero no lo hace para todos los grupos de edad. Empeora, sólo, para los menores de 18 años. La pobreza infantil sigue subiendo –ya alcanza un 28,5% de los niños y niñas españoles (y el 26,8% de los catalanes)– y es la más elevada de todos los grupos poblacionales. Nunca la diferencia entre la pobreza infantil y la del resto de la población había sido tan grande, y para muchas familias tener hijos e hijas implica caer en la pobreza.
Es necesario aumentar la inversión pública en infancia, todavía muy lejos de la media europea, reforzando los mecanismos de apoyo a las familias –como el IMV, la renta garantizada de ciudadanía (RGC) y el complemento de ayuda para la infancia (CAPI) )– y creando nuevos –como un complemento universal por hijo a cargo o una ayuda para la crianza en la RGC, destinada a las familias más vulnerables–. El empeoramiento de los datos de pobreza infantil nos indica que vamos a contrarreloj, y si no ponemos remedio rápido nos condena a todos a un futuro más pobre.
