Es una evidencia que el mercado de la vivienda, tanto el de propiedad como el de alquiler, no está funcionando correctamente, adaptando la oferta a la demanda, dejando fuera a muchas capas de población, lo que provoca a su vez un grave problema social. Aunque hace años que se arrastra, parece que finalmente la vivienda se ha convertido en este principio de año en el gran tema de debate político, y después de que el PP presentara sus propuestas el fin de semana, éste el lunes ha sido el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien ha presentado una batería de propuestas que ahora tendrán que concretarse con la letra pequeña y, lo más importante, tendrán que conseguir el aval del Congreso de los Diputados.
Sin embargo, hay que subrayar que la medida principal, la de bonificar hasta el 100% del IRPF de los rendimientos obtenidos por un alquiler que se ponga a un precio asequible (sea rebajando el precio actual o ajustándose al (índice de referencia), va en la buena dirección, ya que supone un incentivo fiscal real para los pequeños propietarios que ahora mismo dudan sobre qué hacer con los suyos viviendas. La ley de vivienda actual ya permite bonificaciones similares (de hasta el 90%), pero están limitadas a las zonas declaradas como tensionadas, y hasta el momento sólo Catalunya ha dibujado las suyas. La novedad del anuncio de Sánchez es que ahora podrán aplicarse en cualquier parte del territorio, por lo que el gobierno español espera saltarse así el veto de las comunidades del PP a una ley que tiene como medida estrella el tope a los precios. En cualquier caso, es evidente que en una situación de emergencia como la actual deben implementarse medidas valientes y que tengan un efecto inmediato: y ésta es una, ya que si bien el Estado asume que perderá recursos , a cambio se puede multiplicar de forma rápida la oferta de alquiler asequible con todo lo que esto conlleva, por ejemplo, en términos de emancipación de los jóvenes o de condiciones habitacionales de familias con pocos recursos.
Y mientras con una mano se busca beneficiar fiscalmente a los propietarios que apuesten por el alquiler asequible, incluso con avales públicos para asegurar el cobro de la renta, con la otra también se pretende castigar a los inversores extranjeros no residentes que sólo buscan especular y que están hinchando la burbuja de precios desorbitada en zonas como la ciudad de Barcelona. De lo que se trata, pues, es aprovechar la política fiscal para intervenir en un mercado descontrolado, creando incentivos por un lado y restando por otro. Sin olvidar que a medio y largo plazo habrá que crear un parque público de vivienda de alquiler que actúe también como factor moderador de un mercado con tendencia a fluctuar.
Al final se trata de buscar situaciones de ganancia para todos, para propietarios e inquilinos, para las arcas del Estado y para el conjunto de la sociedad, ya que cuanta más gente pueda vivir en condiciones dignas y dedicar más recursos a otros bienes, más se beneficiará su economía productiva y, en última instancia, su recaudación fiscal. Es hora, pues, de incentivar el alquiler asequible sin prejuicios ni dogmas apriorísticos.
