La ministra Elma Sainz tiene la oportunidad de dar buenas noticias en sus primeros 100 días al frente del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Las subidas en las pensiones son la consecuencia del cumplimiento de las reformas en el sistema acordadas en legislaciones anteriores; la última, del pasado marzo, era una de las condiciones de la Unión Europea para seguir recibiendo los fondos europeos.
Más allá del incremento correspondiente al IPC de los últimos doce meses, un 3,8%, quien saldrá más beneficiado son las pensiones mínimas y las no contributivas. Sin duda, desde un punto de vista social, son buenas noticias para los pensionistas con un poder adquisitivo minorado por la subida de precios, y también es un paso más para aliviar la desigualdad económica que se cierne sobre algunos colectivos y que afecta en mayor medida a las mujeres.
A su vez, desde que se aprobó la última reforma del ministro Escrivá, se oyen voces que alertan reiteradamente sobre la insostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo tal y como está planteada. Destaca sobre todo el informe publicado por Fedea, que desgrana con detalle lo que considera errores en las previsiones elaboradas por el ministerio.
La crítica de este informe se resume en un exceso de optimismo por parte del gobierno español en dos previsiones demográficas. La primera, y la más fúnebre, es que España confía en un alargamiento de la esperanza de vida más lento que el previsto por el Eurostat, la Oficina de Estadística de la Unión Europea. Por ejemplo, para 2040, el ministerio cree que la esperanza de vida después de los 65 será de 23 años adicionales, mientras que el Instituto Nacional de Estadística vaticina 23,2 años y el Eurostat 23,6. Las disparidades entre las tres previsiones se van haciendo mayores a medida que se suman décadas. La segunda previsión demográfica optimista se basa en un aumento de la inmigración en edad de trabajar y, por lo tanto, de cotizar muy superior a las del Eurostat. Mientras que el ministerio prevé un crecimiento constante entre 2030 y 2050, el Eurostat prevé un estancamiento e, incluso, una disminución.
Pero, según Fedea, el optimismo del ministerio no solo no termina con los datos demográficos, sino que tampoco incorpora correctamente el impacto económico que tendrán algunas de las reformas aprobadas. Por ejemplo, el retraso de la edad de jubilación con incentivos económicos termina siendo una medida que a largo plazo puede incrementar aún más el gasto. Tampoco se prevén cuidadosamente las consecuencias de que algunas pensiones (las mínimas y las no contributivas) pasen a referenciarse a la evolución de la renta per cápita media, en lugar de hacerlo exclusivamente a la inflación. La renta media se calcula anualmente a través de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE y, entre otras cosas, sirve para determinar el umbral de la pobreza, que se fija en el 60% de la renta media. Para hacernos una idea, en un hogar unipersonal el umbral de la pobreza se sitúa en torno a los 10.900 euros, y para una familia de dos adultos y dos niños es de 21.200 euros. En la última reforma, el Estado se propuso que las pensiones mínimas lleguen a este umbral en 2027 y las no contributivas al 75% de ese importe. Los aumentos de pensiones más destacados anunciados para 2024 empiezan a moverse en esa dirección. Es por este motivo que la pensión de viudedad con cargas familiares aumenta un 14,1% y las pensiones no contributivas un 6,9%.
No es fácil realizar previsiones cuidadosas a corto plazo, y mucho menos a largo. Pero lo que ya es un hecho es el nivel de deuda pública del Estado, que roza el 110% y que es necesario ir reduciendo para cumplir con las directrices de la Unión Europea. En el corto plazo, en 2024, las previsiones son suficientemente buenas como para cumplir con las exigencias europeas, pero hay que mirar a largo. En este sentido, la OCDE avisa del aumento de gasto público derivado del envejecimiento en los próximos años: unos 2,7 puntos porcentuales sobre el PIB hasta 2040, e instar a aprovechar el crecimiento económico de estos años para repensar la fiscalidad y reducir la deuda pública.
Con todos estos elementos sobre la mesa, es fácil llegar a la conclusión de que el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, el 0,6% adicional de cotización que se empezó a pagar a principios de 2023 y que está previsto mantener durante 10 años, será vital –si no insuficiente– para poder hacer frente a las desviaciones que vendrán, ya sean directamente en el gasto de pensiones o, de forma indirecta, en los gastos relacionados con el envejecimiento. En cualquier caso, las pensiones seguirán subiendo porque 10 millones de votos son muchos votos.
