10/03/2021

El dilema económico y social de la legislatura

4 min
Pere Aragonès a los pasillos del Parlamento .

Estamos en vísperas de la constitución del Parlament y de la investidura de un nuevo presidente y un nuevo Govern. Es altamente probable que el Govern tenga su apoyo fundamental en los partidos proindependencia, sin estar todavía clara la participación de la CUP. Y, más allá de esto, si lo hacen los comunes, como desea ERC, esto le daría una posición más central dentro de la coalición de gobierno o parlamentaria, tanto en cuanto al proceso de independencia como a la política económica.

En cuanto al Procés, no son esperables adelantos sustantivos, según lo que han expresado las elecciones. El dilema crucial vendrá del frente económico: cómo responder a las demandas sociales cuando se supere la anormalidad del periodo pandémico, el final de los ERTE se traduzca en más paro y el déficit público tenga que volver a niveles sostenibles, a partir del 2022. En este contexto, las demandas sociales, algunas de interés colectivo y otras –también legítimas– de interés estrictamente privado, llevarán un dilema a la política catalana: ¿impuestos o regulación? No es difícil prever el resultado. Antes, sin embargo, algunos antecedentes. 

El dilema entre ingresos públicos y regulaciones para afrontar las demandas colectivas y privadas es secular en la política económica en España. Antón Costas publicó en 1992 Gasto público y regulación económica en España, donde mostraba cómo las dificultades tradicionales de la hacienda española para obtener recursos en el siglo XIX iban asociadas a mayor uso de regulaciones y reglas que invadían los mercados y los hacían más rígidos. Una buena ilustración más reciente de esto la da la política económica franquista: a raíz de las tensiones y demandas sociales generadas por el crecimiento económico desde el 1960, la respuesta de los tecnócratas del franquismo no fue de tipo centro o noreuropea: aumentar impuestos para financiar políticas. Fue la tradicional en España: hiperregular mercados para dar respuesta privada a las demandas sociales. Así, por ejemplo, las tensiones en los mercados urbanos de alquileres por los grandes volúmenes migratorios de la época tuvieron una respuesta marginal en términos de creación de vivienda pública de alquiler, pero masiva con la ley de 1964, que congeló alquileres e hizo vitalicios los contratos, lo cual liquidó prospectivamente este segmento de mercado. 

De hecho, la dualidad impuestos-regulaciones no es exclusiva de España. Thomas Piketty, en el libro el Economía de las desigualdades (1995), la muestra como una dualidad sistemática de la izquierda europea. En el norte de Europa, la izquierda aborda las demandas sociales mediante redistribución fiscal, minimizando la distorsión regulatoria de los mercados de bienes y servicios. En el sur de Europa, la izquierda prioriza la intervención vía rigideces y distorsiones sobre los mercados. Hay dos motivaciones. Primero, porque en el sur hay menos confianza en las instituciones, y las reglas parecen tener una relación más directa que la redistribución fiscal con los problemas (más directa, y también a menudo más errónea). Segundo, porque la izquierda del sur tiene menos predisposición (¿o coraje?) que la del norte a asumir riesgos electorales con los impuestos. En el centro de Europa hay división entre Francia (alma mater del modelo del sur) y Alemania (más cercana a los modelos del norte). Es lo que en alguna ocasión hemos denominado "bucle fiscal de la izquierda sureuropea”.

El economista Thomas Piketty durante una visita a Barcelona.

Estos son los antecedentes y contexto de la próxima legislatura en Catalunya (en parte también en España). Las demandas sociales (colectivas y privadas) se intensificarán en los próximos meses y se acentuarán en 2022. Las instituciones catalanas no tendrán medios presupuestarios para hacerles frente. Por una parte, porque se reducirá la financiación central. Por la otra, porque hay dos problemas sustantivos para subir impuestos: en los propios o cedidos (transmisiones patrimoniales, sucesiones, patrimonio...) ya somos en el grupo líder en presión fiscal de España (y Europa). En cuanto a los impuestos generales participados, o no se pueden tocar (IVA o rendimientos de capital en IRPF), o es en las rentas medias y medias-bajas donde están las principales posibilidades de aumento sustancial de recaudación (por comparación a los norte y centroeuropeos). 

El próximo Govern no osará aumentar significativamente la imposición en su base electoral, porque ya se percibe afectada por un muy excesivo déficit fiscal con España y un nivel superior de precios, que perjudica mucho al nivel de servicios públicos proveídos. La oposición ni siquiera tendrá programa propio. La tentación (¿irresistible?) será acentuar las regulaciones para responder a las demandas. Si así fuera, se dañaría la flexibilidad necesaria para la reactivación económica. Además, será fuente de conflicto competencial continuo con el Estado, atendidas las exiguas competencias de la Generalitat en regulación económica. 

Aquí reside el principal dilema económico y social de la legislatura. Las probabilidades de recurso a la hiperregulación son muy elevadas. Los próximos meses podremos analizar con más robustez en qué medida, más o menos intensa, se desarrolla la política catalana. Habrá que ver.

Germà Bel es economista

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