Pocos minutos después del tiroteo del sábado en el mitin de Donald Trump, la desinformación ya empezaba a circular por las redes sociales: quizás el autor del atentado era un comentarista de fútbol italiano; quizá Trump había recibido un disparo en el pecho. La plataforma X, antes Twitter, promovió las teorías de la conspiración introduciendo entre sus trending topics hashtags cómo #falseflag y #staged (dando a entender que el atentado era un montaje para fomentar el apoyo a Trump).
Acabamos de vivir la primera tentativa grave de asesinato de un candidato presidencial en la época de las redes sociales. ¿Hasta dónde llegan a propagarse las teorías de la conspiración por las principales redes sociales? ¿A cuántos votantes influyen? ¿Las redes cumplen sus promesas de impedir que circule la desinformación? Aunque parezca mentira, la respuesta es que no lo sabemos, y tenemos pocos mecanismos para averiguarlo.
Debido, en parte, a un ataque coordinado de varios grupos de derechas contra los investigadores de internet –y también porque ni el Congreso ni los tribunales han puesto límites efectivos al comportamiento de las grandes tecnológicas–, ahora tenemos menos capacidad que nunca para ver el impacto de la falta de regulación de las redes sociales sobre nuestra política. Como ha afirmado el escritor Mark Scott en una reciente publicación de la organización Politico: "Estados Unidos camina a ciegas hacia noviembre".
Se decía que las elecciones presidenciales de 2016 habían sido un llamamiento de atención sobre el papel de las redes sociales en la política. La victoria por sorpresa de Trump se achacó en parte a la estrategia de su campaña de inundar las redes sociales, una operación secundada por una campaña encubierta de influencia rusa y por el uso espurio de un montón de datos de Facebook.
De cara a las elecciones del 2020, ya surgió todo un ecosistema de vigilancia para garantizar que la ciudadanía no volviera a quedarse a oscuras. En las universidades de todos Estados Unidos aparecieron centros de investigación sobre la desinformación, donde los profesionales rastreaban las publicaciones de Facebook y los canales de Twitter con herramientas automatizadas. Los periodistas recurrían a herramientas de uso público para informar sobre las noticias falsas que no paraban de propagarse por las plataformas.
Cuatro años después gran parte de esta transparencia está en peligro o ha desaparecido. Algunos centros de investigación han suspendido sus actividades o han plegado del todo bajo la presión de las demandas y de una investigación del Congreso promovida por los republicanos, según los cuales la investigación sobre la desinformación formaba parte de una conspiración gubernamental basada en la censura.
“Los estudiosos de la desinformación se han convertido en el nuevo objetivo político de la derecha”, dicen Ryan Calo y Kate Starbird, de la Universidad de Washington, en un reciente artículo publicado, en el que explican el acoso, las demandas y difamaciones que sufren los investigadores por parte de medios de comunicación tendenciosos.
Otro culpable son las mismas grandes tecnológicas, que cierran o bloquean a todos los efectos el acceso a herramientas fundamentales para los investigadores de la desinformación. La red X ha llegado incluso a demandar a algunos. En el fondo, ¿qué incentivo pueden tener las grandes tecnológicas para ofrecer voluntariamente unas herramientas que después pueden servir para criticar sus acciones?
Cuando Elon Musk compró X, cortó el acceso de los investigadores a los datos de la plataforma. Facebook está a punto de cerrar una herramienta que ha ayudado a analizar esa red. Las tecnológicas suelen decir que con estas restricciones procuran proteger la privacidad de los usuarios, pero lo que la gente debe ver son unos posts que se propagan por todas partes, no unas comunicaciones privadas.
Cuando la Unión Europea aprobó un paquete de leyes con nuevos requisitos de transparencia para las grandes tecnológicas, yo esperaba que esto se solucionaría en parte. Según la ley de la UE, las empresas –de Meta a TikTok– deben informar en detalle de los motivos por los que eliminan determinados contenidos de sus plataformas y deben someterse a auditorías periódicas. También pide que los investigadores puedan acceder directamente a los datos de las plataformas tecnológicas más importantes.
Pero pronto se hizo evidente que en estos requisitos de transparencia había graves lagunas. La ley no garantiza del todo que los periodistas puedan acceder a los datos de las plataformas, cuando precisamente hace ya mucho tiempo que estos profesionales encabezan la exigencia de rendición de cuentas en las redes sociales.
Y, además, por lo visto, las empresas no cumplen la ley. En una maniobra irónica, Meta se ha basado en la normativa de la UE para justificar la suspensión de una herramienta muy utilizada por periodistas e investigadores para analizar la desinformación en Facebook. Para sustituirla, Meta ha creado la Meta Content Library, desprovista de muchas funcionalidades importantes y que sólo está al alcance de los investigadores que previamente soliciten acceder a ella.
Hay un término para designar este tipo de subversión de la ley por parte de las empresas: cumplimiento malintencionado (malicious compliance). Se ha acusado a las tecnológicas de subvertir la normativa de la UE con todo tipo de argucias, desde las modificaciones que Google ha introducido en el funcionamiento de sus mapas en la UE hasta los cambios realizados por Apple en la App Store. La UE ha puesto en marcha una investigación sobre Meta por posibles vulneraciones de la Ley de servicios digitales y, al mismo tiempo, ha hecho pública una conclusión preliminar según la cual X le ha violado.
Mientras la UE investiga, la ciudadanía está cada vez más a oscuras. Las organizaciones dedicadas a la verificación de hechos han detectado y desmentido estos últimos días un sinfín de teorías conspiranoicas posteriores al tiroteo. Pero, sin una ventana abierta a las plataformas, es casi imposible saber hasta dónde han llegado a circular determinadas noticias engañosas y si otras mentiras están ganando terreno.
He aquí la pregunta que debemos hacernos: ¿qué más nos hace falta para exigir la visibilidad pública de las redes sociales? Sin transparencia, nos acercamos a las elecciones sin una clara visión de los falsos relatos que están configurando el debate nacional. Si queremos que nuestros canales de información estén limpios, debemos aplicar lo mejor de los desinfectantes: la luz del sol.
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