El último verano pandémico está siendo, también, el primer verano inflacionista. Con la invasión en Ucrania iniciábamos el preámbulo de una nueva crisis económica, sin haber salido al 100% todavía de la anterior. Sufrimos importantes aumentos de los precios de la energía –entre 2 y 6 veces más altos que hace dos años– y otras materias primas como los cereales. Y esto en un país como el nuestro, donde más de un tercio de las familias declaran que no pueden asumir gastos imprevistos con los recursos de que disponen. El otoño se prevé oscuro, y en momentos de incertidumbre es cuando los mecanismos de ayuda del estado tienen que estar en marcha para poder llegar a quien más lo necesita.
La crisis del covid-19 nos permitió poner a prueba uno de los principales instrumentos con los que contaremos para luchar contra la pobreza y la exclusión social, el ingreso mínimo vital (IMV). Aprobado a mediados del 2020, apenas empezar la pandemia, preveía entonces llegar a 850.000 familias. Dos años después, se ha presentado el primer ejercicio de evaluación, llevado a cabo por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), organismo estatal independiente de control fiscal, que pretende analizar el diseño, resultados e implementación del IMV. Es la evaluación anual que pide la misma ley de esta prestación, y es también un ejercicio de responsabilidad política que permite mejorar y adaptar una prestación a las necesidades de cada momento.
En primer lugar, el análisis de Airef rebaja los mejores escenarios planteados por el ministerio de Inclusión y Seguridad Social, responsable del IMV, y considera que, plenamente implementado, podría llegar hasta 700.000 familias. Tenemos que tener en cuenta que el IMV y las rentas mínimas autonómicas actuales (como la renta garantizada de ciudadanía de Catalunya) son complementarias, cosa que las convierte en la red de protección de la población ante el riesgo general de pobreza. Desplegar el IMV en todas sus capacidades –tal como está definido ahora mismo– supondría llegar a un cuarto de millón más de hogares de los que llegan las rentas autonómicas (unas 450.000 familias) y, al mismo tiempo, aumentar las cuantías de las familias que las reciben. Dos progresos, en política social, muy notables.
Al mismo tiempo, tenemos que tener en cuenta que los umbrales actuales de renta para poder tener el IMV –ingresar menos de 5.900 euros anuales– son tan bajos que muchas de las familias que viven en riesgo de pobreza se quedan fuera de esta prestación. De hecho, y según la Airef, incluso con un IMV plenamente implementado –cosa que todavía no pasa–, y manteniendo las rentas autonómicas actuales, el 40% de las familias españolas que se encuentran en pobreza grave –es decir, las personas que tienen unos ingresos inferiores a unos 6.500 euros anuales, que corresponden al 40% del ingresos de la media del país– no recibirían ninguna de estas prestaciones. Es importante subrayar que, normalmente, cuando hablamos de riesgo de pobreza o exclusión social nos referimos a aquellas personas con unos ingresos por debajo del 60% de la media de la población; o sea, alrededor de 9.500 euros anuales. En otras palabras, de los aproximadamente tres millones de hogares en riesgo de pobreza en España, un IMV en plenas capacidades llegaría a unas 284.000 familias, ni siquiera el 10%. Sin entrar en más tecnicismos, el alcance y presupuesto actuales del IMV están muy lejos de conseguir ser una herramienta que verdaderamente saque la mayoría de familias de la pobreza.
Desde que se puso en marcha, el IMV ha modificado partes relevantes de su diseño. Se han relajado algunos de los requisitos de solicitud, como el tiempo de convivencia de la unidad familiar, y se ha facilitado el acceso, por ejemplo, permitiendo a las entidades del tercer sector que acrediten situaciones de vulnerabilidad. Esto lo tenemos que ver no como un fracaso de planteamiento sino, al contrario, como una buena práctica a la hora de implementar políticas públicas. Se ha aprendido de los errores y se ha rectificado. En palabras del ministro Escrivá, padre del IMV, siempre que nos enfrentamos al diseño de políticas públicas hay que pedir evidencia. Así podemos ajustar las medidas o prestaciones para mejorar su eficiencia.
Por ahora, el principal problema son los 400.000 hogares que podrían recibir el IMV, pero todavía no lo han solicitado. Este fenómeno, conocido como non-take-up, está afectando casi al 60% de los potenciales beneficiarios. Ante este inmenso agujero, certificado por diferentes estudios, el ministerio ha optado por empezar, a partir de septiembre, a ir directamente a centros de donación de alimentos y ropa, o comedores sociales, para encontrar nuevos beneficiarios. De nuevo, una buena rectificación.
Hará falta tiempo, y evaluaciones como la que ha llevado a cabo la Airef, para que el IMV pueda funcionar de forma eficaz y dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía más vulnerable. Ahora, cuando la incertidumbre del futuro económico afecta especialmente a las familias con menos ingresos, rectificar las políticas será más de santos que nunca.
