Este 10 de abril el Parlamento Europeo ha aprobado el controvertido Pacto sobre Migración y Asilo, que reforma el sistema de asilo y migración de la UE, después de un largo y arduo proceso de discusión que se inició en septiembre de 2020, cuando la Comisión Europea presentó un primer borrador del texto.
El Pacto, si bien ha sido definido por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, como un "nuevo comienzo" para la política migratoria y de asilo de la UE y una forma de avanzar hacia un "método justo" y pragmático”, es claramente discutible si lo valoramos desde la perspectiva de la garantía de los derechos humanos. Constituye, en realidad, una continuación de la Agenda de 2015, que intensifica las medidas de repliegue y contención, dejando de lado la mejora de las vías legales y seguras de acceso a Europa, que es la única forma de evitar las tragedias que se suceden sin tregua en el mar Mediterráneo (con más de 20.000 personas fallecidas registradas desde 2014 según los datos de que dispone la OIM).
Desde los años 2000, la externalización de las fronteras y la proliferación de instrumentos prefronterios se han convertido en pilares fundamentales de la política migratoria de la UE con los países de tráfico y origen, mediante la progresiva consolidación de acuerdos para implementar medidas de control de la salida, detención y deportación que plantean serios retos para la protección de derechos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. Estos acuerdos, de naturaleza política, económica y militar, sumamente entrelazados y complejos, impactan directamente sobre las personas y sobre la evolución de las políticas migratorias de los denominados “terceros países”.
Entre tanto, bajo los auspicios del gobierno de unidad nacional y la Cámara de Representantes de Libia, la ciudad de Bengasi acogió la Conferencia Africana sobre Migración los días 29 y 30 de enero de 2024, con la participación de instituciones, de académicos y de organizaciones no gubernamentales de 30 países africanos. En base a diversas convenciones y mecanismos internacionales relativos a los derechos humanos en general ya la migración en particular, el encuentro culminó con la Declaración de Bengasi. Este documento se sustenta en un posicionamiento explícito contrario a la externalización de las fronteras europeas en el continente africano y sobre todo en los países de la ribera sur mediterránea, que los convierte en meros gendarmes de Europa, con la misión de velar por el cierre de las fronteras y de frenar la migración irregular.
El texto aboga por un verdadero diálogo colaborativo entre la UE y África, desde un partenariado más igualitario e interdependiente, que supere el legado del prisma eurocéntrico y colonial. Un diálogo que debería permitir afrontar las causas profundas de los flujos migratorios; establecer mecanismos para regularizar la situación legal de las personas migrantes africanas; y luchar contra las mafias que trafican con seres humanos y promueven su captación para toda clase de abusos, de situaciones de explotación laboral y sexual, así como de participación en conflictos y extremismos violentos. Y no podemos obviar que la expansión de estas mafias está también relacionada con los obstáculos a la movilidad que interponen las actuales políticas migratorias. En definitiva, se trata de establecer un régimen migratorio favorable para el continente africano, que permita a las personas migrantes optar a unas condiciones de vida dignas.
Dado que la migración legal se define como un aspecto esencial del enfoque global establecido en el nuevo Pacto de Migración y Asilo, y como sabemos que las personas migrantes son fundamentales para hacer frente a la escasez de mano de obra que sufren unas sociedades europeas cada vez más envejecidas, se hace ineludible un enfoque estratégico en relación con el continente africano. En esta línea, la Declaración de Bengasi recoge la propuesta de la creación de una Agencia de Empleo Euroafricano que constituya una plataforma para absorber las capacidades de las personas migrantes procedentes de África, garantizar sus derechos y preservar su dignidad.
Sin lugar a dudas, esta declaración contribuye a evidenciar los obstáculos que plantea la actual gobernanza de la movilidad en la UE y sus nefastas consecuencias, sobre todo para la región mediterránea. La obstaculización de la movilidad de las personas hacia la UE no sólo pone en riesgo el derecho a migrar ya obtener protección humanitaria, como se pone de manifiesto, sino que, desde una lógica instrumental y pragmática, impide que ambas orillas mediterráneas puedan aprovechar todas las oportunidades que la migración genera y va a seguir generando en el futuro.
