Una vez constituido el Parlament, ahora toca negociar la investidura del presidente de la Generalitat y su gobierno. Esto supone negociar las prioridades políticas y el origen y aplicación de fondos. Se pasa de una negociación por puestos políticos y ejercicio directo del poder a una sobre la base de hechos y consecuencias directas para la ciudadanía. Es una negociación más compleja porque, en lugar de ser lineal –quien tiene el cargo y, por tanto, el poder–, tiene otra dimensión: qué se hace con el poder y cómo se administra.
Antes, sin embargo, hay que investir a un presidente de la Generalitat. Es necesario que 68 diputados de un total de 135 voten a favor, salvo que haya abstenciones. Los independentistas –ERC, Junts y CUP– suman 59, no son suficientes. Los partidos que votaron a favor de la aplicación del 155 en Catalunya, PSC, PP y Vox, suman 68; PSC y Junts, 77. Con estas dos últimas opciones se podría investir a un presidente de la Generalitat, pero no es probable por el antagonismo entre PP y PSC, en un caso, y entre PSC y Junts, en el otro. La izquierda, PSC, ERC y Comuns, suma 68: son suficientes. El PSC debería ceder en el proyecto del Hard Rock por el que los comunes forzaron elecciones. Es posible.
Esto supone una debilidad para Junts. ERC tiene una libertad para pactar políticas concretas de izquierda de la que Junts no dispone porque los partidos de derechas se mueven en el ámbito de España y no de Catalunya.
Los unionistas, PP y Vox, son 26. No tienen capacidad para bloquear acuerdos, pero podrían complementar a minorías como ha sucedido en el pasado. En el actual escenario es improbable.
Hay un fenómeno de imagen: votar a favor de una opción por la que tus competidores directos te puedan acusar de traicionar a tu ideario. Esto puede dificultar la decisión y, más aún, como es el caso de ERC, cuando el resultado electoral fue malo y los cuadros del partido están en funciones o en proceso de renovación. El remedio es consultar a la militancia, lo que implica un cierto nivel de aleatoriedad si, como es habitual, el número de personas consultadas es bajo. La votación suele concentrarse en los que están en contra de lo que se proponga.
Más allá de la investidura, habrá que elegir entre cuestiones sustantivas que tienen impacto para la ciudadanía: la financiación de la Generalitat, el reforzamiento del sistema de salud y el de enseñanza, la vivienda, el turismo…
Esta segunda dimensión es más importante que la primera para la ciudadanía, porque le afecta directamente, y es también la base de coaliciones o acuerdos de gobierno entre partidos alejados ideológicamente.
Si los partidos independentistas llegan finalmente a la conclusión de que no tienen suficiente apoyo político para tener la presidencia de la Generalitat, tendrán que negociar sobre la segunda dimensión, los hechos, las políticas concretas. No es una mala alternativa y la ciudadanía la valorará positivamente si, fruto del acuerdo, se logran cuestiones importantes. Esto tiene especial relevancia cuando la soberanía es compartida, como es el caso de Catalunya. No somos soberanos sobre los fondos de los que disponemos, que llegan por mecanismos que dependen de circunstancias en parte incontroladas y en parte fruto de circunstancias contingentes. Por eso la negociación de cuestiones concretas es para Cataluña especialmente importante. Dependemos por el origen de fondos del gobierno central.
El hecho de que la estabilidad del gobierno central dependa ahora de los votos catalanes, ERC y Junts, permite a estos partidos conseguir concesiones que en otras circunstancias serían inalcanzables. La desafección política y el abstencionismo, consecuencia de la decepción de muchos ciudadanos, obligan a los partidos catalanes a ser especialmente eficaces en la negociación por no seguir perdiendo relevancia de cara a la ciudadanía. Diez años de debate político sobre la independencia y el autogobierno han dejado muchas cuestiones concretas atrasadas o inevitablemente olvidadas. Es el momento de recuperarlas, porque el debate entre el PP y el PSOE a nivel estatal deja necesariamente en segundo plano el debate político e ideológico con Catalunya.
Hace casi un siglo, y en el origen de la Segunda República, Ortega y Gasset dijo con contundencia: "Ciudadanos, a las cosas". Priorizamos los hechos y no las ideas. En las circunstancias actuales esta frase es especialmente adecuada para Cataluña, más aún cuando es una evidencia que tenemos una financiación que supone un déficit entre lo que generamos y lo que recibimos de la política fiscal del Estado y de Cataluña. Está probado: en Catalunya pagamos más impuestos que otros a causa de un reparto inequitativo de ingresos y gastos a nivel del Estado.
En definitiva, parecería ahora llegado el momento de negociar cosas y no cargos, pero esto supone que los partidos políticos pongan los intereses y necesidades de la ciudadanía frente a los cargos y posiciones políticas, es decir, de los intereses de los políticos.
Es necesario tiempo para que cada uno asuma la fuerza de que realmente dispone para negociar. Es por eso que una política consensuada entre ERC y Junts en cuanto a las prioridades de "las cosas" tiene mucha más fuerza que la que estos dos partidos puedan tener individualmente, evitando el peligro de entrar en una disputa de familia sobre quien hace más o menos por Cataluña. Es probable que esta oportunidad se pierda a consecuencia de una mirada de corto vuelo en lugar de una visión de largo alcance.
Siempre es importante saber aprovechar las oportunidades cuando se presentan pero con inteligencia y trabajando sobre los hechos.
