En precampaña electoral es necesario ser especialmente crítico con las promesas de los partidos políticos, sobre todo con las que impliquen más gasto público. El fin de la vigencia de la cláusula de excepción del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea, que daba manga ancha a los Estados miembros por no cumplir con las dos cifras mágicas –el 3% de déficit público y el 60% de deuda sobre el PIB–, cambia completamente el contexto de vacas gordas en el que hemos vivido en los últimos años. Cuando pasemos de presupuestos prorrogados a presupuestos aprobados, la cantidad total deberá ir a la baja.
Las negociaciones europeas para acordar cómo volver a la estabilidad presupuestaria fueron complejas. Aún estaba el recuerdo de que la dureza de los ajustes fiscales exigidos a algunos países durante la crisis económica y financiera de 2008 dificultó su salida y, a pesar de este cierto consenso al ser más flexibles, se produjeron tensiones entre dos grandes grupos de países miembros: los que tienen economías más saneadas (a veces, coloquialmente, llamados halcones) y los que no (palomas). Unas elecciones europeas inminentes añadieron la extra de presión necesaria para acabar llegando a un acuerdo sobre las nuevas normas fiscales que deben regir el pacto a partir de 2025.
En 2024 queda como un período de transición: los Estados miembros deben preparar los respectivos planes estructurales de política fiscal que regirán en los próximos años, y convencer de que son creíbles y factibles. Y también debe aprovecharse para empezar a hacer algún ajuste en el presupuesto; por ejemplo, eliminar las ayudas públicas universales derivadas de la crisis energética.
Hay cierto optimismo, diría que excesivo, ante la aplicación de las nuevas normas: podrían ser un lobo bajo una piel de cordero. Vemos primero el vello del cordero: la retórica es que es necesario trabajar en la dirección de una estabilidad presupuestaria, pero sin ahogar el crecimiento económico. Los países tendrán mucha mayor flexibilidad y autonomía a la hora de presentar sus planes para alcanzar los objetivos de estabilidad. Estos planes podrán ser progresivos, con un margen de tiempo amplio, de cuatro años pero ampliables a siete, y con una salvaguarda: que es importante seguir velando por preservar la cohesión social. Pero debajo está el lobo: hay que reducir el gasto neto (lo que no incluye los costes financieros), y esto son habas contadas en una sociedad envejecida y con necesidades crecientes de gasto público. Los planes nacionales deben trazar una línea descendente de gasto neto y realizar un control de las desviaciones que se produzcan.
¿Cómo lo tiene España? En 2023 cerró con una deuda que rozaba el 108% y un déficit público del 3,64%, por tanto, tiene deberes en ambas variables. A corto plazo ha prorrogado parcialmente las medidas para hacer frente a la crisis energética y muchas seguirán vigentes hasta finales de año, con un coste por encima de los 5.000 millones de euros. Hay previsiones de que a finales de 2024 se podrá alcanzar un déficit del 3%, pero el Airef ya ha avisado de que para avanzar en la reducción serán necesarias reformas más significativas. Y la UE pide bajar por debajo del 3% para tener un margen de seguridad. La principal dificultad vendrá con la reducción de la deuda, una de las más altas de la Unión Europea. Sin embargo, el ministro se muestra optimista: basta con que haya crecimiento, y limitar el aumento del gasto por debajo de este crecimiento.
Otra fuente que alimenta el optimismo es que las inversiones productivas que realicen los estados no computarán. Con buen criterio, la UE quiere asegurarse que no se detienen inversiones que formarían parte de los planes de recuperación que se pusieron en marcha a raíz de la crisis sanitaria, unos fondos europeos en pleno despliegue que tienen por objetivo hacer la economía más sostenible y competitiva, y menos dependiente energéticamente. Si las inversiones se detuvieran para poder cumplir las normas fiscales, sería como un disparo al pie, sobre todo si tenemos en cuenta que parte de estos desequilibrios presupuestarios provienen, precisamente, de la dependencia energética de fuera de la UE.
Las normas fiscales de la UE van evolucionando. De unas normas excesivamente rígidas y de muy difícil cumplimiento se pasa a unas que permiten mayor margen de maniobra a los Estados miembros. Pero el objetivo final no deja de ser una reducción progresiva del gasto neto que puede ser doloroso, sobre todo si el crecimiento económico pierde comida. Que el vello no nos haga perder de vista los colmillos.
