Cuando los fiscales catalanes se sublevaron contra los españoles
MadridDe todas las cosas que ocurrieron durante el Procés, sin duda una de las más inesperadas y chocantes fue la rebelión de los fiscales catalanes contra su superior jerárquico en noviembre de 2014. En aquella ocasión, los nuevos fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya se negaron a obedecer las órdenes de Madrid en el sentido de presentar una querella por desobediencia contra el entonces president de la Generalitat, Artur Mas, por la organización de la consulta del 9-N. Aquel episodio, totalmente inédito en democracia, hizo saltar todas las alarmas a la Fiscalía General del Estado, entonces comandada por Eduardo Torres-Dulce, que tenía la instrucción del gobierno de Mariano Rajoy de presentar la querella contra Mas. Torres-Dulce convocó una junta de fiscales en Madrid y, tras obtener el apoyo de una abrumadora mayoría, acabó presentando él mismo la querella. Mas, por cierto, acabó siendo condenado por desobediencia y los fiscales catalanes quedaron desacreditados a ojos de sus compañeros españoles.
Esa revuelta de los fiscales, y la actuación de Torres-Dulce, demuestra que no es ninguna novedad que el Fiscal General del Estado actúe siguiendo directrices políticas del gobierno de turno. Siempre ha sido así, por mucho que ahora el PP se rasgue las vestiduras. Y fue peor aún la actuación del Fiscal General del Estado José Manuel Maza (que después informaría de la querella contra los dirigentes del Procés en octubre de 2017 con un documento de Word que tenía como nombre inicial más dura será la caída y que moriría de forma sorprendente un mes después) cuando intentó detener investigaciones en curso sobre casos de corrupción del PP. Esto ocurrió en abril de 2017. Maza ordenó al fiscal anticorrupción que él mismo había nombrado, Manuel Moix, impedir los registros en sedes del PP en el marco del caso Lezo. Moix se encontró con la oposición en bloque de la junta de fiscales de Anticorrupción, que lo obligaron a retroceder. Maza, que también se negó a imputar a un expresidente murciano del PP, tuvo el morro de negar después que hubiera querido "obstaculizar la investigación".
¿Pero qué pasaba? Pues que en el sumario del caso había una conversación entre el expresidente madrileño Ignacio González y el expresidente valenciano Eduardo Zaplana en la que el primero le confesaba al segundo que estaba muy contento por el nombramiento de Moix porque lo consideraba cercano al PP. Al igual que Ignacio Cosidó consideraba que con Manuel Marchena al frente del Consejo General del Poder Judicial el PP seguiría controlando la sala penal "por la puerta trasera". En Madrid todo el mundo sabe de qué pie cojean jueces y fiscales.
Por tanto, no es nuevo que los gobiernos utilicen a la Fiscalía en beneficio propio. Lo hizo el PP para perseguir a los independentistas catalanes y ahora lo hace Pedro Sánchez justamente para evitar esta persecución. La diferencia es que así como los fiscales catalanes en el 2014 tuvieron la dignidad de negarse a imputar a un presidente democrático por organizar una consulta ciudadana, ahora los fiscales españoles (doce de quince en el Supremo) pretenden imputar a otro ex president catalán en este caso por, atención, terrorismo.
El gobierno español podrá salvar el match ball del informe de la fiscalía, pero recordemos que la última palabra la tendrá precisamente Marchena, que en su despacho del Tribunal Supremo espera ansioso que le llegue el caso de Tsunami Democràtic. ¿Y alguien duda de que lo dejará fácilmente?
