La importancia del apoyo del Consejo de Europa al catalán

Seguramente por la contundencia de sus afirmaciones y la clarividencia de su diagnosis, el informe del comité de expertos del Consejo de Europa sobre la aplicación en España de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias ha causado un gran impacto en Cataluña. Y es que todo el informe podría ser suscrito por organizaciones como la Plataforma por la Lengua y por la gran mayoría de sociolingüistas catalanes. El informe critica abiertamente las sentencias judiciales que obligan a impartir un 25% de las asignaturas en castellano y el bajo uso del catalán en ámbitos como la justicia y la sanidad, y se muestra preocupado por la situación de la lengua entre los jóvenes y en territorios concretos como la Comunidad Valenciana y Baleares. Es cierto que ahora el documento deberá ser estudiado por el llamado consejo de ministros del Consejo de Europa, que decidirá qué recomendaciones hace llegar oficialmente a España, que es uno de los firmantes de la Carta Europea de Lenguas Minoritarias, pero el texto y sus argumentos quedarán a disposición de quien quiera utilizarlos, por ejemplo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

El Consejo de Europa no tiene la capacidad de la Unión Europea para obligar a los estados a cumplir sus normas (o castigarlos si no lo hacen), pero es una organización que reúne a todos los países y que tiene una especial autoridad política (fue fundado en 1949 por el Tratado de Londres), y sus informes son jurídicamente vinculantes, sobre todo en materia de derechos humanos. Por eso hay que valorar en la justa medida la existencia de un informe como éste que, desde el corazón de Europa, rebate el argumentario que hace años que la derecha española pretende vehicular en la UE en el sentido de que es el castellano, y no el catalán, la lengua que está en peligro en los territorios catalanohablantes. Y es especialmente importante la mención en la escuela, que en los últimos años se ha convertido en el gran campo de batalla judicial y que ha logrado enturbiar e interferir en la organización docente de un conjunto de centros.

Precisamente, la Plataforma per la Llengua tiene previsto llevar ante el TEDH las sentencias del TSJC que imponen el 25% de asignaturas en castellano en las escuelas, y entre el arsenal jurídico que podrá aportar habrá, sin duda, el informe del Consejo de Europa. Sin embargo, es evidente que lo que resultaría políticamente más efectivo, y pedagógicamente más ilustrativo, sería que el catalán se convirtiera en lengua oficial de la UE con todos los eres y uts. En este sentido, es necesario seguir reclamando a nuestra clase política que siga ejerciendo presión sobre el gobierno español para que así sea. Hasta ahora el PSOE sólo se ha movido cuando se ha visto obligado a ello por una negociación concreta. Ahora es el turno de los presupuestos, y los partidos de matriz catalanista deberían aprovechar su influencia para dar un impulso definitivo a una iniciativa muy beneficiosa para la salud de la lengua.