En las últimas semanas, el camino se le está haciendo estrecho y de subida a Pedro Sánchez. El manual de supervivencia le ha permitido salvar unos cuantos puertos de montaña en su carrera, pero en política siempre hay un día en el que los platos de la balanza empiezan a moverse. Es el momento en el que la opinión pública empieza a imaginar la posibilidad del relevo y este momento puede estar acercándose en la política española.
Ya hace semanas que hablábamos de cómo se iba cocinando un cambio de socios en el día a día parlamentario en Madrid. Esta semana, nuevamente, el PSOE ha dejado de apoyarse en la mayoría de la investidura del gobierno de coalición con Unidas Podemos que conformó con el voto a favor del PNV, Compromís, Nueva Canarias, BNG y Teruel Existe, y con la abstención de ERC y EH-Bildu.
Al presidente del Gobierno español se le ha oscurecido el panorama con la guerra en Ucrania, la inflación, el empeoramiento de las perspectivas económicas, la elección de Feijóo en el PP, la crisis de Pegasus y las derivas sobre el CNI. El resultado de este cúmulo de complicaciones es un cierto nerviosismo en el PSOE agravado por la proximidad de las autonómicas andaluzas y la exploración permanente de acuerdos para evitar perder votaciones. Sánchez explora mayorías alternativas aproximándose al PP con la incomodidad creciente de los independentistas catalanes y vascos, y también de sus socios de coalición.
Si la primera frase del discurso de investidura de Sánchez fue un obvio “Señorías, no se va a romper España ”, hoy el presidente del Gobierno enfría todavía más las relaciones con ERC, la mesa de negociación está congelada y el hecho es que han emergido nuevas mayorías en los temas que salvan la estabilidad del Estado, en cuestiones que afectan a la línea de flotación institucional. Ya sean la monarquía, con la pequeña reforma en la que ha quedado lo que tenía que ser una ley de la Corona que regulara la inviolabilidad del rey, o la preservación de los intereses de los medios de comunicación sistémicos, como los dos grandes grupos mediáticos Mediaset y Atresmedia. La aprobación de la ley del audiovisual favorece a las grandes cadenas de televisión y a las productoras vinculadas a los grandes grupos de comunicación de Madrid en detrimento de las productoras independientes y el uso de las lenguas cooficiales.
Las próximas semanas veremos las mayorías mutantes en la ley de la vivienda, la ley mordaza, la ley de memoria democrática y la de los fondos de pensiones. Pero la prueba de fuego serán los presupuestos generales del Estado que la ministra María Jesús Montero ya prepara y que se pueden intentar salvar o acabar prorrogándose.
La perspectiva de un panorama político y económico oscurecido y de la celebración de elecciones autonómicas en Andalucía el 19 de junio está generando inquietud en la Moncloa y el PSOE. Algunas voces internas o cercanas al socialismo empiezan a pensar en la idea de que, si las andaluzas significan un cambio de ciclo electoral, se tendría que responder con una crisis de gobierno que cambiara fusibles en algunos ministerios para reforzar el ejecutivo o bien convocando un voto de confianza a Pedro Sánchez.
La perspectiva electoral en Andalucía es mantener o empeorar los últimos resultados y un revés tendría repercusión en las expectativas de cara a las municipales y autonómicas de 2023, y a las generales. Andalucía no solo tiene 61 de los 350 escaños del Congreso, sino que un fracaso representaría también un golpe moral en un feudo socialista durante más de treinta años y donde no se consigue volver a levantar la cabeza.
Mayorías en Catalunya
El distanciamiento del PSOE respecto a ERC ha ido acompañado de una aproximación al Parlament de Catalunya con el PSC en cuanto a la ley del catalán, que se ha acordado preservando la mayoría del catalanismo histórico. La ley, propiciada porque el pacto de la ley Celaá no blindaba el catalán -como advirtió entonces Irene Rigau-, intenta sobrevolar la obligatoriedad del 25% de castellano en las aulas. Una sentencia que nace del origen de tantos males, la decisión del Tribunal Constitucional de ilegalizar el Estatuto pactado entre las principales fuerzas catalanas y ratificado en las urnas.
El acuerdo se ha conseguido por la suma de casi el 80% de los escaños del Parlament. Veremos, una vez más, si la justicia decide hacer política o bien acepta las decisiones de la mayoría de los representantes de los ciudadanos. Finalmente, esta será de nuevo la clave de las últimas décadas, en la que el sistema judicial se ha convertido, por desgracia, en un agente político de primer orden.
