El ataque brutal que tiene en marcha la nueva administración Trump y sus aliados de la tecnooligarquía contra todo lo que suena a público es tan exagerado que puede parecernos simplemente estrambótico, y como tal pasar a formar parte de lo que vamos comentando con los compañeros de trabajo y los amigos y amigas cuando tenemos un rato. Pero la cosa es mucho más seria, ya que cuando se ataca el gasto público, los servidores públicos, los impuestos y todos los llamados chiringuitos institucionales, detrás de él hay políticas y servicios públicos esenciales para gran parte de la población. Por otra parte, no es sólo una excentricidad más de la nueva era trumpiana, sino que en Europa (y en Cataluña) hay muchos partidarios de aplicar la misma lógica a un sector público al que acusan de derrochar recursos, de preocuparse sólo de los que se aprovechan del sistema y de haber crecido de forma desmedida.
Una parte del discurso de Trump y sus compañeros de viaje lo conocemos desde hace tiempo. No hace falta ir a la época de Thatcher o Reagan, ya que mucho más cerca pudimos sufrir las consecuencias de la aplicación de estos principios en plena respuesta europea a la crisis financiera de 2008. Pero nos equivocaríamos si la reacción a estos desatinos se limita a defender las políticas y los servicios públicos que tenemos como si funcionaran de ello. Y no es así. Hoy no es suficiente defender la idea de un servicio público como aquella infraestructura que da respuesta a necesidades sociales plenamente reconocidas como tales. Debemos reconocer que la concepción de servicio público y de necesidad social nos viene de una época en la que los problemas de los ciudadanos estaban bien delimitados y por cada necesidad específica había un servicio a disposición. Era una época en la que la estructura social era significativamente homogénea y los ciudadanos, en general, disponían de redes sociales que funcionaban de forma autónoma y confiable. Me refiero a redes familiares, de vecindario, al trabajo y, además, con una presencia territorial notablemente extendida. Los servicios públicos, por homogéneos y especializados que estuvieran, veían complementadas sus carencias (personalización, articulación, complementariedad) por los vínculos comunitarios que se daban de forma natural.
Hoy en día las cosas no funcionan igual. Muchos de los servicios públicos intervienen dando respuesta a personas que, en muchos casos, no disponen de las redes ni familiares, ni de vecindad, ni de trabajo que antes existían. El proceso de individualización, diversificación y fragmentación social se ha visto agravado, entre otras cosas, por la precarización de los trabajos, la desaparición de las grandes y medianas industrias y la enorme movilidad residencial. Tenemos unos servicios públicos construidos y pensados en relación con un modelo social que ya no existe. Y esto lo que hace es cargar sobre estos servicios públicos trabajos que no corresponden a su perfil técnico o profesional.
Si la conclusión es que tenemos unos servicios públicos que han sido pensados para responder a una sociedad que ya no existe, ¿cuál es la respuesta? La de Trump y sus aliados antiestatalistas es que la respuesta está en el mercado y la tecnología. La de Vox y la extrema derecha reaccionaria es que está en el estado autoritario y clasista. Pero existen otras alternativas. Es necesario reconstruir la idea de la respuesta pública a las necesidades sociales (que siguen existiendo, en forma más compleja, más diversificada y con grave peligro de generar procesos de exclusión irreversibles) enriqueciendo la necesaria respuesta institucional con componentes comunitarios y mutualísticos. Es decir, haciendo que cuando hablemos de respuestas públicas a problemas sociales no nos limitamos a hablar de las administraciones y sus respuestas institucionales, sino que añadimos el gran capital, que seguimos teniendo y que hay que reforzar, de la iniciativa social, del mal llamado tercer sector (que es más bien el primero), de la acción comunitaria que vive en las entidades a familiares, hacen red, ya tantas asociaciones y entidades que articulan, reúnen, vinculan, actúan y cuidan.
Defender lo público frente a la ola privatista y autoritaria que nos quiere pasivos y consumidores exige que los servicios y los servidores públicos se preocupen de estimular y apoyar las redes sociales que ya existen y las que puedan generarse. La reforma de la administración pública que ahora tanto se propugna debería comportar el surgimiento de unos nuevos funcionarios que no sólo se preocuparan por proveer servicios, sino también por activar cohesión social, vecindad, capacidad de escuchar y ayudar en las imprescindibles tareas de cuidado. Unos servicios públicos colaborativos que entiendan que los ciudadanos son personas con capacidad de acción con las que hay que actuar juntos (como dice el artículo 43 del Estatut). Si esa alianza no la construimos y la defendemos, nos pasarán por encima.
