El encaje político y la propuesta económica

¿Aún estamos a tiempo que una propuesta económica resuelva el encaje político de Catalunya en el Estado? Algunas constataciones breves.

Primero: los analistas que, por buena que sea el disfraz académico utilizado, niegan la posibilidad de tal propuesta económica, no pueden ser útiles para ayudar a encontrar una solución, y la complejidad de los argumentos que utilizan suele ser la coartada porque nada no cambie y así nada se resuelva –si uno no cree en la descentralización, éste puede ser un resultado deseable.

Segundo: toda racionalidad exige coherencia. Por ejemplo, si el problema es gastar bien, esto requiere responsabilidad fiscal del gastador; por tanto, no puede decirse que las comunidades autónomas no son responsables si no se les otorgan unas buenas dosis de autonomía tributaria. Y si se les otorgan, después no todas las diferencias resultantes del ejercicio de esa autonomía se pueden igualar, nivelar, con transferencias centrales, ya que esto eliminaría esa responsabilidad exigible. Eliminar el cien por cien de las diferencias en capacidad fiscal –por lo de la igualdad de todos los españoles– va contra el mismo principio descentralizador, basado en la diversidad de preferencias y en la autonomía fiscal. Para mantener cierta proporción entre ingresos obtenidos y gasto disponible, parece lógico un principio de ordinalidad, hoy ausente en nuestro sistema de financiación.

Tercero: si se reconoce la autonomía tanto en gasto como en ingresos, la administración central no debe poder recaudarlo todo y transferir recursos según estime que son las necesidades de las comunidades subordinadas, como ocurre ahora. Es necesario compartir las fuentes de los ingresos y la caja de la recaudación. En caso contrario, se desconcentran los gastos pero no se descentralizan verdaderamente los recursos.

Cuarto: si la solidaridad es siempre “entre personas”, entonces ésta debe buscarse en las aportaciones procedentes de los impuestos directos. Es decir, desde la progresividad que todos decidimos en el Congreso de los Diputados en los impuestos personales, tanto en las tarifas como en las escaleras. Las recaudaciones en el impuesto sobre renta y patrimonio deberían ser las bases de toda transferencia entre comunidades que se quieren solidarias. Y si se llega a hablar de redistribución “entre territorios”, debe ser para que las Comunidades participen de la soberanía fiscal sobre dichos impuestos. La cesión de la progresividad a la tributación directa deberíamos encontrarla en la diferencia entre el peso de la renta relativa de la Comunidad y el peso de la recaudación por aquellos impuestos, en positivo por las más ricas. Y esto, ya desde la parte central o la autonómica compartida, debería indicar los límites de la redistribución.

Quinto: el sistema que envuelva el conjunto de este proceso debe ser transparente para que sea pedagógico. Añadir fondos y subfondos para lograr el resultado que al Estado interesa en cada circunstancia, no ayuda.

Sexto: para afrontar la situación, hace falta valentía. Parece que el gobierno español actual puede tenerla, forzado por las nuevas mayorías parlamentarias. Hay que acabar así con la cláusula delstatu quo, lo que nadie puede perder recursos con un cambio, ni en términos absolutos ni relativos, lo que provoca un aumento de financiación sin freno. También es necesario reconducir en todo lo posible el concierto vasco y navarro hacia pautas asimilables, ya que en su funcionamiento actual contraviene todas las cuestiones anteriores (solidaridad, transparencia, valores compartidos).

Séptimo: no debería forzarse realidades diferentes a adoptar una misma solución. España vacía, España densa; urbana o rural; envejecida... Es necesaria sobre todo una España que, desde preferencias diversas, mantenga unos valores políticos compatibles y una voluntad de aceptar el reto, el riesgo y la responsabilidad de gobernar.

Octavo: no tienen ningún sentido los esquemas colegiados (un margen de recargos territoriales más altos, como pide un reciente documento de FEDEA por el IVA) para repartir la recaudación global resultante entre todas las comunidades. ¿Alguien cree que, por ejemplo, Baleares aceptará ese margen o recargo, dañando a su sector turístico, para repartir después lo que se obtenga a partes iguales entre los territorios? Es un ejemplo de una propuesta incoherente, ya fuertemente contestada en la Comisión de Reforma de 2017, y que nunca llegó a recomendación efectiva. Tampoco tiene sentido, como señala el citado documento, favorecer la articulación de un nuevo fondo para beneficiar a algunas CCAA, o reponderar a la población ajustada a favor de España despejada. Un triquiñuelo más… Como lo es obviar el problema del endeudamiento que los retrasos en la revisión del sistema han generado en las comunidades.

En todo caso, reitero: si hablamos de resolver un problema político, la coherencia en la argumentación económica es primordial. Quien no crea en la diversidad política no puede trabajar desde la economía por una situación de salida. No se puede decir misa y al mismo tiempo tocar la campana.