A lo largo de los últimos días se han publicado varios estudios sobre el estado de la corrupción en Cataluña y en España. Y ya podemos avanzar sus conclusiones: los resultados no son para sacar pecho. Por un lado, el Barómetro del CEO dice que más de 8 de cada 10 personas en Cataluña consideran que la corrupción es un problema muy extenso. Es un valor muy similar al de hace 10 años. Parecía que a partir de 2014 la percepción de la corrupción en Catalunya se reducía, pero tras la llegada de la Covid-19 este indicador no ha dejado de empeorar. Confiamos poco en los políticos, pero justificamos corruptelas como falsear un empadronamiento para tener plaza en la escuela, o utilizar los contactos médicos para saltarse la lista de espera. ¿Somos tolerantes hacia la corrupción? ¿O quizás es que tenemos una administración donde la burocracia y la baja inversión pública hacen que acceder a los servicios básicos sea cada vez más complicado?
La respuesta no la darán los datos del Barómetro. Y muchos –especialmente las instituciones que se ven afectadas por estos malos resultados– alegarán que se trata sólo de percepciones, de preguntar a la gente qué piensa, y no lo que vive, y que, además, el estudio se hizo poco después de la desgracia –y la mala gestión– de la DANA, de una temporada con varias publicaciones en los periódicos sobre escándalos de corrupción. Y quizá no les falte razón. El problema es que esta semana se ha conocido también la nueva clasificación de Transparency International, que ordena a los países de menos a más corruptos. Aquí no se pregunta a la ciudadanía, sino a personas y organismos expertos en la materia. Respecto al año pasado, España bajó 10 posiciones, pasando a ocupar el puesto 46 de 180. Empatados con Chipre, o la República Checa, y en una peor situación que Botsuana, Portugal y Ruanda.
Esta mala tendencia se explica porque las reformas anticorrupción están paradas –o avanzan muy lentamente– a nivel estatal y, lo que es más importante, todavía no se ha puesto en marcha un plan nacional de lucha contra la corrupción, integral y participativo. Se ha llegado con retraso a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, la legislación de los lobis o la eliminación de las Golden Visa. No existe una protección efectiva de los denunciantes de casos de corrupción, ya escala regional ha habido un retroceso en comunidades donde los acuerdos con Vox han desmantelado los mecanismos de lucha contra la corrupción –en Baleares o en Valencia, por ejemplo. Asimismo, la acusación constante dely tú más entre los partidos políticos no ayuda, y sin duda afecta a la visión que tiene la población y los que estudian la corrupción.
Las causas de las malas percepciones de la corrupción son conocidas, pero le daríamos más importancia si tuviéramos más presentes las (terribles) consecuencias de estas percepciones. Cuando un país es visto como corrupto, los inversores dejan de invertir y la ciudadanía de contribuir a la cosa pública, ya sea ponerse la mascarilla en una pandemia o pagar impuestos. La corrupción socava a las naciones y abre las puertas a los populistas. Luchar contra la corrupción es la forma más efectiva de apuntalar una democracia.
