27/07/2021

Ética del riesgo

3 min
Preparación de la vacuna Pfizer-BioNTech

1. Ciencia. Entrevistado por Antoni Bassas en este diario, el conseller Argimon ha dicho tres cosas que me parecen pertinentes para alimentar los debates sobre la gestión de la pandemia que el miedo ha impedido que se desplegaran con la libertad y con el rigor que requerían. Alain Corbin, uno de los grandes sabios franceses, decía que es imposible conocer a los hombres del pasado “sin discernir lo que no sabían, sea porque todo el mundo lo ignoraba, sea porque no estaban en situación de saberlo”. La ciencia nos enseña cada día cosas nuevas que, como hemos vivido durante la conmoción del covid, generan un desamparo que nos obliga a creer en ella, como antes se hacía con las creencias que prometían redención. Hay que hacer crecer los debates de fondo, aquellos que la política ha eludido parapetándose detrás la autoridad científica.

Argimon ha constatado que el covid “como todos los virus es imprevisible”, una pista útil para futuros historiadores que quieran saber qué no sabíamos y qué era observable pero todavía inexplicable en nuestra época. Ha dejado claro que el certificado sanitario “no puede ser discriminatorio”, lo cual rompe con la filosofía espontánea de algunos médicos que siempre encuentran las restricciones insuficientes. Y ha advertido que la prioridad dada a la pandemia en el sistema hospitalario hará que de aquí a un año venga “una oleada de enfermedades que ahora están silenciadas pero que aparecerán después”. Las tres ideas nos sitúan en el punto nuclear del debate ético y, en consecuencia, político: la cuestión del riesgo. No hay sociedad sin riesgo, y el objetivo tiene que ser optimizar la manera de trampearlo.

2. Política. Cuando aparecieron los signos de una nueva oleada, Emmanuel Macron decidió pasar al ataque en un frente muy sensible: contra los antivacunas, que son una minoría importante en Francia, con bastantes altavoces médicos, mediáticos y políticos. Y lo hizo exigiendo la vacunación obligatoria de todos los sanitarios como medida de impacto destinada a acorralar a los que se niegan a vacunarse. Si este discurso ya generó tensión, combinado con el anuncio del certificado sanitario –como pasaporte obligatorio para actividades culturales, lúdicas y de restauración– ha actuado como catalizador de la protesta. No se puede legalizar la discriminación. Y Macron ha entrado en el debate sin contemplaciones: “La libertad en la cual yo no debo nada a nadie no existe, la libertad reposa sobre un sentido del deber recíproco”. En el fondo es la cuestión de los derechos fundamentales, sus contradicciones (cuando los de unos chocan con los de los otros) y sus límites. ¿Puedo ejercer mi derecho a ir allá donde me dé la gana poniendo en peligro a otras personas?

El riesgo es estructural en la condición humana –y el progreso científico y tecnológico nos protege de ellos pero genera otros nuevos y a menudo incontrolables–, de forma que, llevada al límite, la reducción del riesgo nos conduciría al bloqueo totalitario de la sociedad (y, aun así, seguiríamos muriendo). Por lo tanto, el debate público sobre las limitaciones y las obligaciones impuestas por la pandemia tiene que girar sobre la economía del riesgo. Los que piensan que la vacuna es un riesgo tienen que preguntarse si el riesgo compensa los efectos que tiene, del mismo modo que un enfermo de cáncer acepta la quimioterapia, con plena conciencia de sus efectos secundarios, como riesgo que vale la pena afrontar. Y lo mismo sucede en términos de derechos: qué restricciones estamos dispuestos a aceptar por razones sanitarias sin riesgo de que se cargue el sistema de derechos y garantías.

La clave está en la discriminación. Situar legalmente a unos grupos en clara desventaja. Y aquí entra, por ejemplo, la cuestión del certificado sanitario. Probablemente, lo que genera malestar es que se han tomado muchas decisiones por criterios de riesgo, sin un debate y unas explicaciones claras, por ejemplo, en la marginación de las enfermedades comunes. En todo caso, no olvidemos que la discriminación es estructural en nuestras sociedades (con pandemia o sin ella), que el virus la ha agravado y que este debate tendría que ser permanente y no un fruto coyuntural del pánico generado por el virus y su gestión, médica y política.

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