El adjetivo histórico se adjudica con una frivolidad pasmosa a los eventos más diversos. Sin embargo, y dadas tanto las fuerzas implicadas como los acuerdos alcanzados, se hace difícil no pensar que el entendimiento para la investidura de Pedro Sánchez, y la legislatura subsiguiente, entra de pleno derecho dentro de la categoría reservada a los hechos realmente históricos.
Para poder afirmarlo, sin embargo, debemos recordar cómo se ha llegado hasta aquí, fijándonos concretamente en la evolución del PSOE, más que en la que han tenido que hacer las fuerzas soberanistas catalanas, ya bastante subrayada en estas mismas páginas. El inicio podemos situarlo en junio del 2015, cuando Pedro Sánchez, sucesor de Pérez Rubalcaba como máximo dirigente del PSOE, presenta la candidatura a la presidencia del Gobierno en un acto en el que, con enorme bandera española de fondo, va constatar que la época de las mayorías absolutas había pasado y que a partir de entonces habría que construir gobiernos "desde el diálogo y el acuerdo". Haciéndose eco del “sí se puede” de Podemos, afirmó también: “La política puede si la política quiere. Y nosotros queremos”.
Recordemos también que Sánchez perdió la secretaría general de su partido cuando se negó a investir a Rajoy tras las elecciones del 2016: era la primera, y más importante, ruptura con el PSOE de la Transición. Un partido que parecía haber asumido que el sistema político español descansaba en la vieja (y caduca) alternancia en el gobierno del tiempo de la Restauración, con dos "partidos de estado" que se ponían de acuerdo en lo fundamental: la defensa de la unidad de España y del poder del Estado. Es entonces cuando un editorial deEl País le calificó de “insensato sin escrúpulos”. Pero Sánchez no se rindió y, con la constancia de que le es propia, y tras retomar la secretaría general del PSOE, en el 2019 formó el primer gobierno de coalición en España desde la aprobación de la Constitución. Es cierto que, de entrada, pareció encontrar en Albert Rivera el aliado perfecto (a diferencia de los de Pablo Iglesias, que le harían perder el sueño, dijo, si tuvieran que ocuparse de los “ministerios de estado” ), pero la hybris y la inconsistencia hicieron perder a Rivera la oportunidad y Sánchez dio un giro hacia la izquierda.
Ahora, en 2023, forzado por la aritmética parlamentaria, ha tenido que plegarse a Junts ya ERC ya la demanda de una amnistía para los procesados por el Proceso. No tengo ninguna duda sobre el valor e incluso la audacia que tiene este gesto –que obliga a Sánchez a desmentirse a sí mismo–, como también lo fue el acuerdo para que se pueda hablar en catalán y otras lenguas que el castellano en el Congreso de Diputados –una herejía hasta hace cuatro días, con los diputados de la derecha humillados por tener que ponerse una orejera para seguir el discurso de otro español–. Sin embargo, y vista la desconfianza existente entre los partidos vascos y catalanes hacia Sánchez, ¿podemos dudar de la sinceridad del giro dado por el PSOE en la cuestión de la pluralidad del Estado? ¿Existe una comprensión profunda, real, por parte de Sánchez y del PSOE, que, más allá de la coyuntura actual, sus aliados naturales e imprescindibles son las fuerzas regionalistas, nacionalistas y soberanistas de la periferia, además de la izquierda transformadora? Y más importante, ¿entendrá el PSOE que esta alianza es justamente la forma de realizar cambios en el sistema?
En 1930 el Pacto de San Sebastián firmado entre republicanos y catalanistas y galleguistas de izquierda (y que ya constataba que "el problema referente a Cataluña [...] es lo que más dificultades podía ofrecer para legar a un acuerdo unánime"), al que se sumaron después el PSOE y UGT, llevó la Segunda República. ¿Estamos ahora en un momento parecido? No, porque la historia no se repite. Ahora bien, cuando hoy la derecha dice que la amnistía pone en cuestión, o ataca directamente, a la Transición, no le falta un punto de razón. En la medida en que la amnistía corrige la actuación desmedida y parcial de la justicia superior española, se está poniendo el dedo en la llaga sobre una reforma que la Transición no supo hacer: la del poder judicial. Y así como el golpe de estado fallido del 23-F obligó al gobierno de González, de la mano del ministro Narcís Serra, a modernizar el ejército, ahora será necesario (de la mano del ministro Bolaños) democratizar y modernizar la justicia, si no queremos que el "gobierno de los jueces" acabe dañando seriamente la salud del régimen democrático.
En conclusión: si la respuesta del PSOE a estas preguntas es positiva, entonces será el momento de proclamar, sin lugar a dudas, la historicidad del acuerdo.
