Un edificio de pisos en obras en la ciudad de Barcelona.
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En 20 años hemos pasado de un entorno que incubaba una gigantesca burbuja especulativa –es decir, no justificada por la demanda final– en el sector de la construcción de vivienda a otra donde un aumento demográfico notable, y en menor grado la presión turística, han impulsado una demanda de vivienda que ha crecido con fuerza. Pero dónde, en cambio, se construye poco. En consecuencia, los alquileres suben y ponen en grandes dificultades a la población con menos ingresos (excepto los que ya son propietarios). Es hoy bastante reconocido que el problema de la vivienda en Cataluña es grave. Ciertamente existen otros, como la sequía o el cambio climático, también graves. Pero a diferencia de la sequía (las reservas de agua dan períodos de respiro), la angustia que genera la vivienda es continua y persistente. Y a diferencia del cambio climático, nuestro reto de vivienda es exclusivamente nuestro. Contener las emisiones de CO2 en el mundo sólo puede resolverse con un plan de ámbito global. Nosotros podemos contribuir con lo que nos tocaría en este plan, incluso podemos hacerlo aunque no todos lo hagan. Pero no tendría sentido que asumiéramos más responsabilidad de la que nos toca. No nos corresponde compensar lo que no hacen otros. Por otra parte, una imposibilidad, dado nuestro tamaño.

El problema cuece y no se resolverá en un día. Afortunadamente, nuestros gobiernos, catalán y español, ya han entendido la necesidad de priorizarlo. El objetivo debe ser construir, construir y construir (nota: rehabilitarlo es construir). Con cuidado, pero sin entretenerse en detalles y refinamientos. Es la hora de la acción. No dude en que, si fallamos, un malestar bien justificado será combustible para la extrema derecha.

La responsabilidad pública esencial es doble: facilitar al máximo la creación de espacio edificable y articular políticas sociales que ayuden a los más vulnerables. Este segundo aspecto es particularmente importante en el período de transición que nos debe llevar hacia un stock de vivienda más en línea con la demografía. Ahora bien, la política de promoción de vivienda pública será una necesidad permanente y conviene dirigirla de forma estable.

Creación de espacio edificable no debería significar fregar rincones e intersticios para encontrar suelo. Quiere decir fundamentalmente crearlo ex novo por acción normativa. Hace un par de años, paseando por Seattle, noté que la presión sobre precios y alquileres, a pesar de ser grande, es menor que en San Francisco, la ciudad de la que venía. La razón es que de forma progresiva y sistemática se están recalificando calles de casetas unifamiliares en calles donde las parcelas admiten ocho viviendas. Este pasado miércoles, en un acto en La Pedrera –patrocinado por Barcelona Global, IESE y la Fundació Torras– Ramon Gras, investigador en Harvard, nos presentaba el gemelo digital de la región metropolitana de Barcelona que confiere su empresa, Aretian, con el apoyo de la Fundació Torras. Es un trabajo contundente (¡el resumen ejecutivo tiene 208 páginas!), muy bien hecho, moderno, innovador y relleno de datos. Una de las muchas conclusiones es que la región tiene capacidad suficiente para albergar adecuadamente la vivienda previsiblemente necesaria en las próximas décadas. Yo añado que tanto en vertical como en horizontal. No debemos tener pesar en la noción de que habrá que recalificar terrenos ahora no urbanizables a urbanizables. Para hacer vivienda compacta y en altura (¡no adosados!). Habrá suelo, pero como éste tiene otros usos (como áreas verdes) conviene no tener reservas a la construcción en altura. También (debo la observación a G. Ponzetto, investigador del CREI) convienen promociones lo suficientemente voluminosas que permitan producción en serie, y así ganar productividad.

Dicho esto, el protagonismo debe acabar siendo de la iniciativa privada. No por principio, sino porque no llegaremos a ello, si la dinamización de la construcción tiene como actor predominante al sector público. Éste, además de actuar por sí mismo, debe crear las condiciones para que una multitud de pequeños y grandes promotores se lancen a construir. Que el propietario de una casa unifamiliar vea que convertirla en ocho viviendas le va a salir muy a cuenta. O que el propietario de un piso del Eixample de Barcelona pueda subdividirlo en dos sin pedir la conformidad de los vecinos. Cierto: estos propietarios harán dinero. Están en una posición privilegiada. Pero si explotan su privilegio construyendo, y no simplemente subiendo el alquiler, el fin deseado se obtendrá: la oferta aumentará y la presión sobre el alquiler descenderá. Sale a cuenta.

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