El proyecto de ley del audiovisual estatal llega en un momento clave, cuando en Catalunya ha crecido la conciencia, y las evidencias, del retroceso social del uso del catalán, especialmente entre los jóvenes. El psicólogo y pedagogo Jaume Funes explica en un artículo que cada vez más jóvenes creen que pueden vivir sin el catalán. Los factores son varios y concurrentes, pero en todo caso el ocio audiovisual seguro que es uno. Si durante años Tv3 fue una herramienta evidente de normalización lingüística, ahora claramente ya no hay bastante. El consumo audiovisual se ha atomizado. Primero fueron las cadenas privadas de televisión y ahora la oferta la dominan las plataformas: Netflix, Amazon, Disney, HBO. En todas el uso del catalán es absolutamente marginal. En ningún caso supera el 2%. Solo la catalana Filmin se acerca al 20%.
El momento también es clave en términos políticos, después del inicio de la mesa de diálogo Estado-Generalitat para abordar el pleito soberanista y a las puertas de la negociación de los presupuestos generales del Estado (PGE), en la cual ERC tiene una posición de fuerza, tal como se ha visto este mismo martes al ser el primer grupo afín que ha convocado el gobierno de Pedro Sánchez. Es en este contexto que ha caído como una pequeña bomba de relojería que el borrador de la ley del audiovisual estatal no concrete qué cuota de obra en catalán y en las otras lenguas cooficiales están obligadas a incluir en sus catálogos y a financiar las plataformas, sino que se limite a denominarla obra española, de forma que todo el futuro apoyo puede acabar yendo exclusivamente hacia el audiovisual en castellano. Si la situación de marginalidad del catalán ya es hoy palmaria, una nueva ley en estos términos acabaría de condenarla a la desaparición del principal medio de cultura popular del siglo XXI. Esto explica sobradamente la alarma que se ha creado.
El Govern formado por ERC y JxCat ha situado la recuperación del prestigio y el uso del catalán como una de sus políticas prioritarias. Y es evidente que el mundo educativo y audiovisual son los dos ámbitos en los que hay que recuperar más terreno con urgencia. El mismo conseller de Educación reconoció la semana pasada que muchos maestros, en la práctica, no dan las clases en catalán, lo cual quiere decir que la normalización en la escuela en realidad se aplica a medias. Es la primera vez que hay un reconocimiento explícito en este sentido. Entidades como Òmnium Cultural también presionan en la línea de volver a situar el catalán como la lengua de cohesión social que fue en los primeros años de democracia, cuando tenía un amplio apoyo social, también en entornos castellanoparlantes.
Después de una década de aceleración soberanista, el cruce político en el que se encuentra el país tendría que servir para volver a definir las líneas rojas: la lengua tiene que ser una. Porque está en una situación de debilidad y porque hay que reconstruir el consenso a su alrededor. Aquí sí que hace falta unidad, más allá de bloques y partidismos. Una unidad que saque la lengua de la confrontación política y que se traslade a Madrid, donde hay que ejercer presión desde todos los actores catalanes para asegurarle un marco legal favorable. La ley del audiovisual es la primera prueba de fuego.
