La Generalitat ha presentado un plan de desarrollo económico hasta 2030. Es útil. Desgranamos qué se prevé:
Infraestructuras. Capacidad de abastecer agua para usos sociales e industriales, eliminar riesgo de sequías –2.000 millones de euros–. Alcanzar el 50% de energías renovables en 2030. Fibra óptica al 100% de los hogares. Aeropuerto para vuelos intercontinentales. Cercanías.
Modernización productiva. Centro en los sectores prioritarios –agroalimentario, automoción, renovables, digital e intensivos en energía–. 5.000 millones de euros.
Conocimiento e innovación. Centrado en las Universidades públicas. Prioridades: modernización, I+D, calidad.
Igualdad de oportunidades. 5.000 millones de euros. La vivienda es prioritaria. 50.000 viviendas nuevas, de coste moderado. Alquiler y propiedad. Es necesario que, como hemos hecho en el pasado, no nos vendemos el patrimonio una vez generado.
Buen gobierno. Simplificar la administración, menos papeleo para la ciudadanía –un clamor de los campesinos, que de momento no parece especialmente escuchado.
En total, 18.500 millones en cinco años. Más allá del nivel de detalle y del despliegue, que es lógicamente todavía poco, ser capaces de plantear un plan con esta dimensión y ambición tiene un valor intrínseco y supone un hito político no despreciable.
La respuesta política no debería ser criticarlo por poco o muy ambicioso, por ser genérico en áreas económicas o geografías, sino pedir su concreción y ofrecer ayuda para realizarlo.
Es importante identificar a los sectores considerados estratégicos, lo que tiene una carga política no menor. Quienes no lo sean levantarán el brazo para criticar a una selección que siempre puede ser cuestionada por poco justificada. Es necesaria valentía política para hacerlo. En Catalunya, está por hacer.
Cuando el gobierno vasco, con la colaboración directa, intensa y permanente del gobierno central, lo hizo a finales de los 70, por la obsolescencia de la industria pesada buscó una voz experta externa, el economista Michael Porter, para identificar qué era necesario modernizar y qué sustituir cuando no era posible una continuidad competitiva. Nacieron sectores maduros reformados y modernizados en procesos y productos, y nuevos sectores que sustituían a los antiguos, económicamente irrecuperables –energía eólica, industria aeronáutica, turbinas de gas…–. Esto es hoy más fácil de hacer: la UE, el Plan Draghi y el Plan Letta han fijado los sectores prioritarios –ecología, digitalización, salud, enseñanza...– para recuperar la competitividad que perdemos los europeos de forma permanente e intensa en relación con China y EEUU. El hecho de que el mercado y la geoestrategia señalen el camino a seguir elimina discusiones innecesarias que son una pérdida de tiempo.
Realizar un plan industrial e identificar las prioridades es útil. Hoy, País Vasco, que tiene un plan industrial desde hace 40 años, tiene un PIB industrial del 24% –España, de menos del 20%.
Se ha publicado hace meses un libro de Toni Roldán y otros que reúne en doce capítulos iniciativas que, lejos de ser rompedoras, sugieren medidas que, de realizarse, suponen beneficios sociales y económicos moderados, pero ciertos. Están en línea con las políticas referenciadas de la Generalitat.
Uno de los problemas de nuestro sistema de enseñanza es el distinto nivel de conocimientos y capacidades –para empezar, el conocimiento de la lengua– de los alumnos autóctonos e inmigrantes o de alumnos de familias con rentas altas y bajas. Se necesitan tutorías específicas y dedicadas. En un programa, evaluado en unos 1.500 millones de euros por año, éstas se pueden impartir específicamente a los alumnos más vulnerables para reducir diferencias de capacidad y conocimiento y evitar la reducción del nivel medio de la clase, que define el último, no el primero, y que tiene, por tanto, consecuencias para todos los alumnos.
Si queremos mejorar el nivel de enseñanza debemos mejorar el nivel de los profesores a través de una mejor formación, que debe ser continua a lo largo de la vida, y modificar el actual sistema de selección a través de oposiciones. También debemos mejorar la remuneración. Pagar bien a los profesores es la mejor inversión que se puede realizar aquí y ahora.
Se debe promover la movilidad social facilitando el acceso a la enseñanza superior desde la FP, un acceso muy deficiente todavía, financiando becas para quien quiera acceder.
Hay que atraer a miles de investigadores que quieren volver a España y que, formados por el ejercicio profesional durante años en empresas y universidades extranjeras, volverían si tuvieran ocasión. El plan ICREA ha sido un rotundo éxito. Expandimos el sistema a otros colectivos.
Que la formación esté adaptada a las necesidades de las empresas. Que nadie esté realizando una tarea inferior a sus capacidades. Esto produce frustración; ya la inversa, produce angustia y pesimismo.
Tenemos en España y Cataluña un nivel de I+D de menos del 1,5% del PIB, cuando en Europa supera el 2%. La pública es de mala calidad y la privada escasa. Deberíamos promover reformas en la primera para incrementar la calidad y estímulos fiscales en la segunda para aumentar su volumen.
Necesitamos un despliegue del plan del Gobierno de la Generalitat en un plan industrial y social que lo concrete y evite que se derroche recursos por ignorancia, desorientación o discusión política estéril. No hay razón por no hacerlo. Es en beneficio de todos.
