Días atrás escribí aquí sobre la responsabilidad de los partidos a la hora de aprobar los presupuestos, porque las cuentas se hacen con el dinero de nuestros impuestos y afectan a la vida de todos. Una responsabilidad que recae sobre todos los partidos, sobre todo cuando hace pocos meses que se han puesto de acuerdo por una investidura, pero especialmente sobre los partidos de izquierdas, casos de Catalunya y Barcelona, que defienden a un sector público robusto como corrector de desigualdades.
Hoy la noticia es que Junts y el PP han votado en contra de la revalorización de las pensiones o las bonificaciones en el transporte público, entre otras medidas. Junts lleva ya días argumentando que el PSOE no cumple lo que pacta, y que muchas medidas diversas, agrupadas en un decreto ómnibus, no las podía votar, porque entonces es una especie de chantaje. Todo esto puede tener lógica de partido, pero ve a explicárselo a un pensionista o un viajero de transporte público. Lo mismo vale para el PSOE si, como han dicho Junts, los de Puigdemont habrían votado a favor de alguna de las medidas, como las dos citadas, por separado.
En una democracia, la visualización de derrotas y debilidades parlamentarias forma parte de la dinámica entre gobierno y oposición, pero cuando tenemos casi una cuarta parte de la población en riesgo de exclusión social y mucha gente que, pese a tener trabajo, no tiene acceso a la vivienda o no sale de pobre, hay votaciones que son material sensible. La vida ya es lo suficientemente complicada y sobre todo cara como para que los partidos nos la pongan más difícil.
