Donald Trump ha ganado las últimas elecciones de Estados Unidos con una promesa estrella: la deportación masiva de inmigrantes indocumentados. Según datos oficiales del departamento de Seguridad Nacional y estimaciones del think thank estadounidense Pew Research Center, se calcula que hay cerca de 11 millones de personas sin documentación en el país. Para hacer efectiva su promesa electoral, Trump deberá tener en cuenta tres cuestiones importantes: el marco legal existente, la operativa necesaria para llevar a cabo este ingente volumen de deportaciones y los costes económicos y políticos que pueden derivarse de la aplicación de tal medida.
Un debate similar tiene lugar en paralelo a Italia. La presidenta Giorgia Meloni ha planteado también deportar a personas inmigrantes fuera de la Unión Europea, en concreto a Albania. Eso sí, varias dificultades legales y operativas han demostrado la poca viabilidad de la propuesta, aunque este hecho no ha imposibilitado que su discurso se escoja por las instituciones de la Unión Europea. Los discursos de Meloni han agujereado y avanzan por el Viejo Continente, que no es precisamente nuevo en cuanto a estas prácticas: el pasado y el presente nos dan varios ejemplos, como es el caso de Turquía, con inmigrantes deportados a países en conflicto como Siria o Afganistán.
Mientras, España no es ajena a la llegada de personas inmigrantes a sus fronteras: entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2024, 56.976 personas han llegado al país por vía marítima y terrestre, según datos del Ministerio de Interior. Y la distribución de los menores no acompañados llegados a las Islas Canarias entre las comunidades autónomas sigue sobre la mesa, en un contexto no ausente de tensiones políticas.
El próximo 18 de diciembre es el Día Internacional de las Personas Migrantes, una fecha establecida en 2000 por las Naciones Unidas para reflexionar sobre el hecho migratorio y la contribución de las personas migrantes a las sociedades. Han pasado los años y las cifras han variado, pero siguen demostrando algo incontestable: las migraciones no son un hecho coyuntural, sino un fenómeno estructural. Han existido siempre y seguirán existiendo mientras haya motivos económicos, políticos, sociales o culturales por migrar. El cambio climático, por ejemplo, es hoy causa de desplazamiento de millones de personas en todo el planeta.
En el debate público las migraciones pasan de ser una oportunidad a un problema, oa la inversa, según la fuerza política que hable de ello. Es evidente que el uso partidista de ese tema no ayuda a la reflexión. Las migraciones tienen lugar en un contexto sociopolítico, económico y cultural determinado, y el fenómeno migratorio no es bueno o malo en sí mismo, sino que depende de este contexto y se da con unas condiciones que es necesario gestionar. Las personas no son ladrones o delincuentes según su origen, ni son útiles o inútiles según su contribución al pago de las pensiones oa la natalidad de un país. Esa dualidad en el planteamiento de la cuestión no ayuda cuando el debate está totalmente secuestrado por partidos de la extrema derecha.
Propuestas como las de Trump o Meloni ponen en cuestión el estado de derecho sin aportar soluciones reales a las problemáticas existentes. Hay que abordar las migraciones, entendiéndolas en toda su complejidad y avanzando desde una perspectiva de derechos humanos.
