Mirando desde el balcón al Eixample cómo los tractores diésel pisaban las separaciones del carril bici, y generaban ruido y polución muy por encima de los niveles aconsejables, pensaba que la transición verde quizá no esté bien diseñada. Los agricultores europeos dicen que no tienen otro camino que bloquear ciudades y carreteras y cuestionan la agenda 2030 impulsada por la Unión Europea; "el problema es Europa", se siente en las manifestaciones. Los agricultores se quejan de un cóctel que hace difícil su actividad: costes de la energía y fertilizantes elevados; precios muy volátiles e importaciones de países de bajo coste de producción y menores estándares medioambientales y sociales, Ucrania incluida; mucha regulación (por ejemplo, en relación con el bienestar animal), y mucha burocracia por cumplir con las regulaciones y por acceder a las ayudas. La sequía ha agravado los problemas. Los acuerdos de libre comercio que permiten las importaciones no son bien vistos y la perspectiva del acuerdo con Mercosur asusta. El resultado es que campesinos franceses destruyen tomates españoles (“incomibles” según Ségolène Royal e “imbatibles” según el presidente Sánchez) y agricultores españoles hacen lo mismo con los marroquíes, de los que las importaciones se han disparado en la última década. Los jornales en el campo en Marruecos pueden ser 8 o 10 veces más bajos que en España y en Francia son un 50% más altos como mínimo. El proteccionismo y el “consume nacional” están a la orden del día.
El sector agrario representaba en 2020 sólo un 1,3% del PIB de la UE y un 4,2% de la población ocupada, generando más del 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Tiene influencia como lobi, y la extrema derecha le ha puesto el ojo de hace tiempo. El voto rural tiende a ser más conservador y euroescéptico, basta con ver el éxito del movimiento agrario en los Países Bajos en marzo del año pasado, en contra de reducir las reses para disminuir las emisiones de óxido de nitrógeno.
La respuesta de la Comisión Europea (CE) no se hizo esperar. La CE ha relajado la normativa sobre el barbecho, ha limitado las importaciones de Ucrania y ha dado marcha atrás en el Pacto Verde (Green Deal) sobre la reducción del 50% del uso de pesticidas en 2030 para preservar la biodiversidad (parte del plan "de la granja a la mesa" que obliga también a reducir el uso de fertilizantes al menos un 20%), además de rebajar los objetivos de reducción de emisiones de la agricultura en el horizonte de 2040. Hay que añadir que los subsidios al gasóleo se mantienen, y los países, como Alemania o Francia, que han intentado rebajarlos han tenido que dar marcha atrás.
Todo esto nos lleva a preguntar si la Política Agraria Comunitaria (PAC) es consistente con el Pacto Verde. La PAC representaba más de un tercio del presupuesto comunitario en 2020, en el que el 80% del dinero va a un 20% de los campesinos, tendiendo a favorecer a las grandes explotaciones. El desiderátum es contar con productos agrícolas a bajo precio para los consumidores, sin impacto ecológico negativo, y con el suministro asegurado manteniendo la producción nacional. Hay tensión en ese triángulo de objetivos. La producción ecológica es más cara y, si no queremos depender de productores de fuera de la UE, los precios van a subir, ya que nuestros costes de producción son mucho más elevados. La autonomía estratégica también se aplica a la agricultura, pero hay que considerar que una buena diversificación asegura también el suministro y que no comprar los productos foráneos es insolidario con países de menor renta, y podemos salir perjudicados. No nos quejamos, después, de las oleadas migratorias que vienen a Europa.
¿Cómo suavizar la tensión en el triángulo de objetivos? Ante todo, teniendo unos planes consistentes, realistas y creíbles para la transición verde. Las concesiones actuales al sector agrario implican que cualquier otro sector sabrá que haciendo mucho ruido también lo conseguirá. La credibilidad de la política de transición se irá al garete. En segundo lugar, el sector agrario se verá muy afectado por el cambio climático (pensamos en las necesidades de agua en la cuenca mediterránea, por ejemplo); hace falta infraestructura y plan a largo plazo, y no esconder la cabeza bajo tierra como el avestruz, como se ha hecho en Cataluña. Es necesario también equilibrar las demandas ecológicas a los agricultores y el mantenimiento de la competitividad del sector. Los agricultores pueden mejorar su poder de negociación y la remuneración mediante la agrupación y tratando de establecer canales de venta directa al consumidor. Pueden ponerse aranceles a los productos importados cuando entra la producción nacional, como se hace en Suiza, pero esto también hace subir los precios. No hay soluciones mágicas, deben hacerse compromisos, pero es necesario mejorar el diseño de las políticas públicas para suavizar la tensión entre los requisitos ecológicos y de autonomía alimentaria con el mantenimiento de costes y precios razonables.
