Se mire como se mire, la aprobación de la ley que amnistía a los encausados por el Procés es un hecho histórico que marca un antes y un después en la democracia española. Por primera vez desde la entrada en vigor de la Constitución se aprueba una ley de amnistía que tiene un innegable trasfondo político y que no tiene el apoyo de una parte notable de la cámara, la que representa a la derecha y a la extrema derecha. De alguna manera, con este gesto el PSOE da un paso para reconocer que no solo la respuesta judicial a los hechos de octubre de 2017 fue injusta y desproporcionada, y que por tanto es necesario implementar un perdón general, sino que en España hay un problema grave de lawfare, es decir, de utilización de la justicia con fines políticos. El hecho de que el debate sobre la amnistía haya coincidido en el tiempo con la investigación abierta a la esposa del presidente Pedro Sánchez ha terminado de decantar la balanza y desvanecer las dudas, que al principio eran muchas, dentro del PSOE. Por tanto, una vez constatado cuál es el punto débil de la democracia española, es esperable que el PSOE se decida ahora a dar más pasos para evitar que este "gobierno de los jueces" que ha declarado la guerra al ejecutivo español se salga con la suya.
Y es que una vez aprobada la amnistía, la pelota está ahora en el tejado de los jueces, que seguro que intentarán boicotear, o al menos dilatar al máximo, la aplicación de la ley. Por lo visto hasta ahora, los magistrados tendrán poco margen para evitar la aplicación de la amnistía en los casos de desórdenes públicos, por lo que afectará a todas las personas encausadas por enfrentarse a la policía durante el 1 -O, así como las protestas contra la sentencia o los propios policías. Más complicado lo tendrán los dirigentes, y sobre todo los líderes políticos. Los fiscales del Supremo, a los que ya les pareció poco la condena por sedición, han comunicado que consideran que la malversación no es amnistiable, algo que con la ley en la mano es difícil de sostener. Esta sería la manera de dejar fuera de la amintía a Carles Puigdemont y mantener la inhabilitación a Oriol Junqueras. La partida se jugará también en Europa, donde previsiblemente el Tribunal Supremo llevará la amnistía para preguntar cómo debe aplicarla, un trámite que puede retrasar su aplicación entre ocho meses y un año.
El caso es que la aprobación de la ley de amnistía abre una nueva etapa en la que, sin la amenaza de la represión judicial, debería ser posible volver a hacer política sin interferencias. El independentismo, todavía tocado por el resultado del 12-M, deberá redefinir estrategias y admitir que ese éxito, la amnistía, proviene de un fracaso anterior, que consistió en no prever la reacción del Estado frente a un pulso para el que no estaban preparados. Y el PSOE debe tomar conciencia de que el proceso independentista, por muy mal gestionado que estuviera, respondía a unas razones de fondo que siguen vigentes y a las que el Estado no ha dado respuesta. Así pues, la amnistía no es el punto final de muchas reivindicaciones, sino que debe ser el inicio de muchas cosas. En caso contrario, los que se impondrán al final serán los que se oponen al diálogo y la negociación.
