03/09/2021

La patronal rompe el tabú del salario mínimo por territorios

2 min
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, lunes en una conferencia

BarcelonaSeguramente más obedeciendo a una táctica dilatoria que por convencimiento, pero este jueves la patronal española CEOE ha abierto un melón que hasta ahora ha sido tabú para los agentes sociales: la posibilidad de que el salario mínimo sea diferente en función del territorio. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, lo ha argumentado de una manera muy sencilla al recordar que los convenios colectivos tienen un ámbito provincial, y que no cobra lo mismo un trabajador del sector del metal de Vizcaya que uno de Murcia, o incluso que uno de Guipúzcoa. “En territorios como Madrid y Barcelona el coste de la vida tiene poco que ver con el de otros lugares de España”, afirmó Garamendi en una entrevista.

En efecto, el hecho de que el salario mínimo sea el mismo para toda España provoca una situación de discriminación objetiva para los trabajadores que viven en zonas donde el precio de la vida es más elevado. Los 950 euros actuales no representan lo mismo, en términos de poder de compra, en Badajoz que en Girona, por poner un ejemplo. La Generalitat, en la época en la que Pere Aragonès era vicepresidente económico, ya hizo un estudio para cuantificar cuál tendría que ser el salario mínimo en Catalunya, es decir, una cifra que garantizara poder vivir con dignidad teniendo en cuenta el coste de la vida, y que se situó en los 1.239 euros. Evidentemente, esta cifra es una media, porque tampoco es lo mismo el coste de la vida en les Terres de l'Ebre que en Barcelona, pero al menos se acercaría más a la realidad y reduciría el desajuste actual.

La propuesta de Garamendi fue rápidamente rechazada por el gobierno del PSOE. “No sería conveniente hacer distinciones en relación con el territorio porque se tiene que garantizar a los trabajadores que tengan unas condiciones laborales mínimas y dignas, sea donde sea que desarrollen la actividad”, dijo la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. Pero es que es justamente lo contrario. Un SMI adaptado a la realidad de cada territorio garantizaría mejor estas "condiciones laborales mínimas y dignas", puesto que la situación actual castiga especialmente a los trabajadores de las zonas urbanas y las grandes ciudades, especialmente a los jóvenes, que son los que cobran el SMI.

Todavía resulta más incomprensible que los sindicatos catalanes no estén alineados con la Generalitat en esta demanda, puesto que su obligación es precisamente defender los intereses de los trabajadores. Hay un miedo atávico a todo aquello que, según ellos, pueda romper "la unidad de mercado", cuando este mercado ya actúa de manera territorializada de forma natural. Es el mismo debate que hay con la financiación autonómica (un euro no compra lo mismo en Catalunya que en Galicia; por lo tanto, construir una escuela aquí es más caro) o incluso con las pensiones y las prestaciones sociales.

Lo que no se puede es ignorar la realidad y tratar igual lo que es diferente. Si de verdad se quiere que la variable territorial no determine el poder adquisitivo de un trabajador o el nivel de servicios públicos que se recibe, entonces los recursos se tienen que repartir teniendo en cuenta el coste de la vida. Y hacer lo contrario es perjudicar a unos para beneficiar a otros.

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