El ejecutivo presidido por Carlos Mazón tiene dos grandes frentes abiertos de desgobierno: la llamada ley de libertad educativa (también conocida como ley Rovira, en referencia al actual consejero de educación de la Generalitat Valenciana, José Antonio Rovira) y los intentos del propio Mazón por eludir sus responsabilidades en la desastrosa gestión de la DANA del 29. Gana en infamia Mazón, aunque sea porque sus reiteradas negaciones de la realidad (este miércoles ha hecho unas alucinantes declaraciones según las cuales son la prensa, la oposición y los ciudadanos que protestan quienes mienten sobre los hechos del día de la gota fría, y no él) suponen una ofensa directa contra los familiares de las familiares de las familias. Aplica el manual Ayuso/Rodríguez: negarlo todo, mentir al por mayor e insultar, difamar y amenazar a todo el mundo que le haga contrario, mientras adjudica contratos millonarios a los amigos.
Todo ello levanta una polvareda que hace pasar injustamente en segundo término el desbarajuste de la citada ley Rovira y la consulta de lengua base, en la que se insta a los padres de los alumnos a votar por vía telemática (desde este martes 25 hasta el próximo 4 de marzo) en qué lengua quieren que sean escolarizados sus hijos. Ambas cosas, la ley y la consulta, no son otra cosa –como ha denunciado Moisès Vizcaino al digital La Voz del País Valenciano– que instrumentos para arrinconar y minimizar al valenciano en el espacio donde tiene más presencia, que está en las aulas de la enseñanza pública, y para discriminar, señalar y coartar a la ciudadanía catalanohablante. Rovira es un personaje que responde al arquetipo del político hooligan, que entiende el ejercicio del poder como una ocasión para cargar sin contemplaciones contra sus adversarios, que él considera enemigos a abatir. Su fijación (como la de tantos dirigentes del PP valenciano y no valenciano, con o sin presión de Vox) es el catalán, o el valenciano. Sencillamente quieren hacerlo desaparecer, y vivirían como una gran victoria que fueran ellos quienes consiguieran llevar a cabo esta proeza. El nivel de ofuscación, de ensuciamiento y de falta de inteligencia democrática que existe en esta forma de pensar y de actuar ya lo conocemos, pero no ha caducado con los años de democracia: se ha perpetuado y últimamente se ha vuelto a reforzar.
Para lograr su objetivo, Rovira y el gobierno Mazón plantean la consulta sobre la lengua base de la enseñanza a partir de una doble falacia envuelta con la palabra "libertad". Por un lado, presentan el valenciano como la lengua "impuesta" y el castellano como la lengua "libre", la que es natural querer usar (porque tiene más hablantes). Por otra, apelan a la "libertad" de los padres para escoger, como si fuera un servicio a la carta, cómo quieren que sea la escuela de sus hijos. Ambas cosas son falsas y ninguna de las dos tiene sentido, pero funcionan porque a una parte de la ciudadanía ya le va bien identificar la libertad con sus prejuicios, o con su falta de voluntad para convivir con los demás.
