Una amnistía que debe abrir una nueva etapa
La aprobación de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados no deja de ser un hecho histórico, por mucho que la noticia haya quedado eclipsada en las últimas horas por el adelanto electoral en Catalunya. Y, de hecho, la sociedad española no parece haber comprado los discursos catastrofistas de la derecha. Mientras se votaba el proyecto de ley en la cámara, fuera se manifestaban apenas una docena de personas.
Ahora bien, esto no significa que el camino hasta su aplicación deba ser un camino de rosas. De entrada, la ley afrontará ahora un tortuoso periplo en el Senado, donde el PP ha preparado dos meses de comparecencias y filibusterismo legislativo con el objetivo de retrasar al máximo su aplicación. Si se cumplen las previsiones, la ley estará de vuelta en el Congreso a finales de mayo para poder ser aprobada, entonces sí de forma definitiva, y entrar en vigor.
Entonces será el turno de los jueces, que son los que deben aplicarlo en el plazo de dos meses. En condiciones normales, y respetando el redactado de la ley y el espíritu del legislador, todas las personas involucradas en causas del Proceso deberían ser amnistiadas antes de agosto. Pero la experiencia con la magistratura española obliga a ser prudente, sobre todo en los casos más importantes y que dependen de la alta judicatura, es decir, de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo, como los que afectan a Carles Puigdemont o Marta Rovira. La batalla será larga y acabará dirimiendo en Europa. Por eso a estas alturas ningún jurista se atreve a asegurar que los exiliados podrán volver sin problemas antes de agosto.
Sin embargo, lo esperable es que a partir de junio podamos ver cómo se aplica la amnistía en casos como el de los activistas Dani Gallardo o Adrián Sas, con orden de prisión ya dictada, y otros muchos casos de ciudadanos más o menos anónimos y pendientes todavía de juicio, como los CDR del caso Judas, o incluso policías acusados de ejercer una violencia excesiva durante el 1-O o en otras protestas ciudadanas. Todo ello debería servir para abrir una nueva etapa y liquidar por completo la represión judicial desatada a partir de octubre del 2017.
En realidad, la amnistía es también el producto de la apuesta de los dos principales partidos independentistas, ERC y Junts, por la vía de la negociación con el Estado. Fruto de esa negociación, y en el marco de la investidura de Pedro Sánchez, se pactó la ley de olvido penal. Evidentemente, el conflicto catalán, que es de naturaleza política y responde a un anhelo real de mayor soberanía por parte de la sociedad ya una sensación de maltrato fiscal crónico, no ha quedado resuelto. Pero ahora sí se dan unas mínimas condiciones para profundizar en el diálogo con las fuerzas que componen el gobierno español para encontrar soluciones sin la amenaza de la judicatura.
En este sentido, las elecciones del 12-M servirán para repartir nuevas cartas a todo el mundo y saber, con los números en la mano, qué soporte tiene cada opción. A partir de ahí, habrá que empezar a construir nuevos consensos y poner las bases para que la vía represiva no vuelva nunca más.
