La víspera del cuarto aniversario del 1-O, el Parlament aprobó una propuesta de resolución en defensa de la mesa de diálogo con el Estado como mejor forma de resolver el conflicto político entre Catalunya y España. La resolución se aprobó con los votos de ERC, el PSC y los comuns y con la abstención de Junts. Esta coincidencia en el tiempo puede resultar decepcionante para algunos, pero en todo caso es coherente con todo lo que ha pasado en los últimos cuatro años. A pesar de que con matices, la mayoría del independentismo ha pasado de considerar el 1-O como un referéndum vinculante que justificaba una DUI, a, en palabras de Jordi Cuixart durante el juicio del Procés, definirlo como "un acto de desobediencia masivo". Este acto de desobediencia masivo que implicó más de dos millones de personas ha sido, seguramente, el acto político más disruptivo de las últimas décadas en el estado español y quizás en Europa. Cuatro años más tarde, sin embargo, queda claro que, pese al impacto mediático, político y emocional brutal que tuvo, el 1-O no cumplía con los estándares necesarios para conseguir el reconocimiento internacional y, por lo tanto, no se puede usar para justificar mandato democrático alguno que sea externamente reconocido.
La paradoja es que parece que los que más se creyeron el 1-O y le otorgaron estatus de referéndum fueron la Fiscalía y los jueces españoles, que condenaron a los líderes independentistas a penas de entre 9 y 13 años de prisión. Afortunadamente, la presión política y en la calle del independentismo consiguió que el gobierno español los indultara, pero no hay duda de que los efectos de la represión judicial que se puso en marcha son la herencia más amarga del 1-O, una herida que todavía está abierta. Al margen de esto, cuatro años más tarde hay un cierto consenso que el próximo referéndum que se haga tiene que ser acordado con el gobierno español, porque esta es la única manera de que tenga reconocimiento internacional y toda la cobertura legal necesaria para poder aplicar el resultado que de él salga. La propuesta de la CUP de insistir con otro referéndum unilateral tiene muy poco apoyo ahora mismo en el Parlament, sobre todo porque se considera que esta es una vía que ya se ha probado y que no tiene sentido repetirla sin más.
Esto nos lleva de nuevo a la vía de la negociación con el Estado, que es la que ahora concita más apoyos en el Parlament pero que divide al independentismo y al Govern. Aun así, hay que subrayar que, así como ERC y la CUP han puesto a votación sus dos estrategias –mesa de diálogo y un nuevo referéndum unilateral–, Junts no concreta cuál es su vía más allá de hablar de "confrontación".
El debate de política general también deja otros titulares, como por ejemplo la reaparición otros ejes más allá del nacional, por ejemplo en la votación a favor de continuar negociando por la ampliación de El Prat, que ha unido los votos del PSC y Junts. Y también se ha reabierto el debate sobre cuándo es admisible y cuándo no lo es meter en un compromiso a la mesa del Parlament con una resolución simbólica. Este jueves ha quedado claro que la presidenta, Laura Borràs, que fue muy crítica con su antecesor, Roger Torrent, considera que la resolución de la CUP sobre el referéndum no es motivo suficiente para jugarse la inhabilitación.
