Es innegable que la universidad experimentó, a lo largo del siglo XX, un cambio radical que consistió en agrandar el abanico de posibilidades de acceso de los estudiantes a los estudios superiores. Éste es, probablemente, el dato más significativo de nuestra historia reciente. Lo que era un reducto reservado a las élites se convirtió en un espacio al que podían acceder y al que se podían desarrollar plenamente ciudadanos provenientes de diversas realidades sociales. Es lo que llamamos ascensor social, que ha sido posible gracias a la inversión pública y la consolidación del estado del bienestar y ha permitido que ser universitario dejara de ser un privilegio y se convirtiera en un derecho.
¿Y ahora? ¿Hasta qué punto el ascensor social sigue siendo una realidad? Todas y todos hemos procurado que las desigualdades de la sociedad no se reflejen en nuestros campus, profundizando en un compromiso comunitario con iniciativas diversas, como ayudas al estudio para favorecer la equidad y otras medidas para hacer frente a causas sobrevenidas y de todo tipo.
¿Pero lo hemos conseguido? Basta con revisar los datos más recientes del Idescat. La tasa de riesgo de pobreza (Arope) en Cataluña ha aumentado hasta el 26,3% en 2020. Y el índice S80/S20, que valora la relación entre los ingresos del 20% de la población con la renta media más alta y el 20% con la renta más baja, nos muestra que las familias con mayores ingresos acumulan seis veces más renta que las familias desfavorecidas. Y en el llamado índice Gini, en el que 0 es la máxima igualdad y 100 la máxima desigualdad, Cataluña se sitúa en una valoración del 31,7.
¿Somos conscientes en la universidad de esta realidad? Hasta qué punto, empeñados en el día a día de una gestión cada vez más burocrática o empeñados en colaboraciones y rankings internacionales, disponemos de un espacio institucional para procurar que la universidad no sea el territorio de la exclusión y sea motor de un crecimiento multirreferencial?
¿Qué podemos hacer para evitar que el acceso a las nuevas herramientas del conocimiento no agrande aún más el abismo? "Un aspecto clave de la crisis educativa -ha escrito la filósofa Marina Garcés- es la ruptura del tiempo de la promesa, de la idea de que el esfuerzo de hoy tendrá mañana un premio, una vida mejor". Habla de la educación primaria y sostiene que, en estos momentos, ya no es una garantía de movilidad social. Pero su reflexión puede extenderse a todos los niveles educativos.
Nos conviene pasar de la asunción del concepto de inclusión, de la igualdad de oportunidades, a una responsabilidad concreta. Más allá del apoyo político y la financiación que reclamamos insistentemente, las universidades públicas asumimos un firme compromiso de destinar toda nuestra capacidad de trabajo a seguir fortaleciendo una universidad comprometida y socialmente responsable.
Éstos son algunos ejemplos concretos de la asunción del concepto de inclusión en las universidades públicas catalanas: personas con discapacidad sensorial han logrado avanzar en los estudios, con una dedicación relevante más allá de la universidad; estudiantes con discapacidad motriz disponen de espacios accesibles en los edificios universitarios, para facilitar su formación; mujeres que vienen a Cataluña y que han sido víctimas de tráfico de personas o de matrimonios forzados han podido acabar los estudios con la colaboración de entidades sociales; personas con discapacidad intelectual han seguido cursos en la universidad; personas usuarias de servicios sociales pueden estudiar en la universidad, enriqueciendo su bagaje personal y el del resto de estudiantes; personas mayores de 50 años, que en su día no pudieron acceder a la universidad, ahora están en las aulas, y personas refugiadas o provenientes de zonas en conflicto pueden continuar sus estudios en nuestras instituciones.
No se trata pues de hacer discursos a favor de la equidad con los que todo el mundo está de acuerdo, sino de pensar en las personas, de poner cara al sufrimiento y la exclusión social. Desde las universidades públicas catalanas debemos saber transmitir a la sociedad la importancia de nuestra responsabilidad como verdadero instrumento de transformación social para construir mejores sociedades.
Sólo así se entenderá la importancia de que las universidades dispongan de personas y recursos para atender a la diversidad y conseguir que la educación superior se convierta en un verdadero derecho universal. Éste es uno de los retos más decisivos, a las puertas del tercer decenio del siglo XXI, para erradicar las desigualdades en el acceso a la formación universitaria y también para garantizar un acompañamiento efectivo no sólo en el transcurso de la vida universitaria, sino en los primeros pasos hacia la inserción laboral. En resumen: renovar con constancia nuestro sentido de servicio público en la sociedad.
