Alemania tendrá como canciller Friedrich Merz, un político con una marcada aversión por todo lo público, por el feminismo y por los derechos de las minorías, y que ha prometido restringir las fronteras "desde el primer día" de su mandato. Es multimillonario, fanfarrón y lengua largo, en línea con otros líderes de la derecha global, pero siempre dentro de los límites que impone la hegeliana tradición del liberalismo y el nacionalismo alemanes. Merz representa la CDU que está más lejos de Merkel (su política de acogida de más de un millón de refugiados, hace diez años, es un hito y un legado que todavía hoy muchos no saben cómo afrontar, ni a la derecha ni tampoco a la izquierda), y también la que tiene menos problemas para entenderse con los neonazis de Alternativa para Alemania.
Merz y la CDU/CSU, sin embargo, harán manos y mangas para formar gobierno con los mermados socialdemócratas del SPD, reeditando una versión poco ufana de la Gran Coalición. Es decir, practicarán la política del cordón sanitario, que, mientras a nadie se le ocurra nada mejor, sigue siendo una manera eficaz de evitar que las formaciones de extrema derecha e iliberales accedan a las instituciones de gobierno. Es cierto que la socialdemocracia y el liberalismo tradicionales tienen buena parte de responsabilidad en el ascenso de las propuestas racistas, populistas y nacionalistas, por no haber sabido dar respuesta a las cuestiones que polarizan a las sociedades, empezando por la inmigración. Pero es igualmente cierto que, una vez se produce este ascenso, aislar a los partidos de extrema derecha es una medida bastante mejor (más eficaz) que abrirse a gobernar con ellos. Y también que es a los partidos de derecha que les corresponde la parte más urgente, y seguramente la más importante, del cordón sanitario: ser los primeros en negarse a identificar las extremas derechas como interlocutores válidos en democracia, por mucha frontera electoral que puedan realizar.
No hacerlo lleva consecuencias como las que vemos en la Comunidad Valenciana, en las que un gobierno del PP y Vox, tras la vergonzosa gestión de la DANA, reparte los contratos de la reconstrucción entre sus afines mientras, por otra parte, lleva adelante una enésima ofensiva contra la lengua catalana (o el valenciano no busca más que convertir el valenciano en una lengua residual en la Comunidad Valenciana. O como en Baleares, donde la comunidad educativa ha logrado conjurar la segregación lingüística en los centros escolares de primaria, pero se implantan medidas como el examen dental de los inmigrantes. Donde tenemos un presidente del Parlamento que es un fanático que desgaja fotos de las víctimas del franquismo (por lo que tendrá que responder ante la justicia de un delito de odio). La reflexión también vale para la política catalana, en la que Junts hace el descomido preparándose para "hablar" con Aliança Catalana, con el argumento falaz de que, en democracia, se habla con todo el mundo. No: en democracia se identifica a aquellos que quieren acabar con la democracia y se les aísla.
