Las guerras, las tristes guerras, como decía Miguel Hernández, no se detienen. Estos días vemos cómo el Estado de Israel ejerce una violencia brutal contra la población palestina, especialmente la residente en la Franja de Gaza, como represalia al nefasto ataque perpetrado por Hamás contra civiles israelíes. Hablamos de un estado que desde que comenzó la ocupación en 1967 ha ejercido sistemáticamente violencia contra la población palestina, ha impuesto un bloqueo total sobre Gaza, ha desplazado a millones de personas y les ha negado el derecho al retorno y ha violado el derecho internacional público y los derechos humanos de forma sostenida infligiendo castigos colectivos contra la población civil. Israel ha creado una narrativa en la que se presenta como un estado democrático y moderno ante unos árabes retrógrados e islamistas, deshumanizando a la población palestina y aplicando un régimen de apartheid. Un relato que muchos estados europeos han comprado. Sólo así se entiende el apoyo de Ursula von der Leyen y Roberta Metsola en el estado israelí en su ofensiva mortífera contra Gaza. nuestros vecinos del Sur. El Pacto Europeo de Migraciones y Asilo (PEMA) es otro ejemplo. Después de casi 25 años de impasse en el proceso de construcción de las políticas de asilo y migraciones, hemos topado con una propuesta que avala las posturas más conservadoras y la perspectiva securitizadora y criminalizadora ante las migraciones y el refugio.
A través del PEMA se pretende institucionalizar el retroceso en materia de garantía de derechos humanos que se ha vivido en las fronteras europeas en los últimos años. A prácticas como las devoluciones en caliente, los tratos inhumanos y las políticas de criminalización de las migraciones se suman elementos como el Reglamento de Crisis, Fuerza Mayor e Instrumentalización. El concepto instrumentalización queda recogido de forma tan amplia que deja mucho espacio a la arbitrariedad para que los estados, de facto, puedan justificar excepciones y derogaciones al derecho de asilo, elevando el riesgo de vulneración de los derechos fundamentales y la falta de garantías de protección internacional.
La creación de una arquitectura jurídico-normativa que permita que en crisis como las actuales en Palestina, Rojaba o el Alto Karabaj, o en otras como las de Afganistán, Yemen, Senegal, Siria o Libia, se puedan suspender e incumplir las obligaciones legales en materia de protección de las personas refugiadas es sintomática del retroceso que vivimos. La Europa de los derechos es sólo una entelequia. Porque es en las situaciones de excepcionalidad que deben ponerse en funcionamiento todos los mecanismos que garanticen los derechos fundamentales y el derecho al refugio.
Además, el PEMA busca desplazar la gestión de la migración a terceros países como Libia, el Marruecos, Turquía, Mauritania o Túnez, con los que se firman acuerdos para evitar y contener la llegada de personas refugiadas y migrantes a cambio de sumas estratosféricas de dinero.
Otro punto del PEMA es el procedimiento de control previo a la entrada o prescreening, un cribado rápido para decidir si las personas pasan al procedimiento de asilo en frontera o al de regreso. Se incluyen criterios, como el de la nacionalidad, que son discriminatorios y contravienen convenios y tratados internacionales de derechos humanos suscritos. No puede decidirse en función del país de origen si alguien tiene derecho a solicitar protección internacional. El carácter expreso del procedimiento supondrá la reducción de las garantías procesales, pondrá en peligro el principio de no devolución y obviará las situaciones de vulnerabilidad, que requieren más tiempo para ser detectadas.
El prescreening va acompañado de la apertura de centros de detención donde se retendrá por razón administrativa entre 5 y 10 días todo el que llegue por tierra o por mar, incluidos menores de edad de más de 12 años, en el que serán espacios de no-derechos . Una ficción jurídica según la cual estas personas, pese a tener los pies físicamente en Europa, a efectos legales no estarán y se les podrán vulnerar los derechos fundamentales.
La mercantilización de las vidas es otro eje controvertido: se permitirá no acoger una persona siempre que los Estados miembros paguen 20.000 euros. Las personas son absolutamente deshumanizadas y se conciben en términos monetarios y no en clave de protección, justicia global y respeto a los derechos humanos.
A las puertas del infierno, en la Divina Comedia de Dante, se podía leer: “ toda esperanza, los que entra”. No se vislumbra ningún giro esperanzador en lo que serán las futuras normas migratorias y de asilo en la UE. Ante este escenario sólo quedará la articulación de la ciudadanía comprometida en el respeto y defensa de los derechos humanos y el derecho de asilo: plantarnos y dejarles claro que esta Europa no es la que queremos.
