Esta semana hemos podido ver un claro ejemplo de cómo no debería ser el interrogatorio de un juez a una víctima de violencia sexual. Adolfo Carretero nos ha dado una clase magistral de qué es la violencia institucional y en qué consiste la revictimización.
De su actuación me gustaría destacar algunos aspectos clave, para todos aquellos que piensan que la actuación del juez es normal e, incluso, esperable.
1. Prejuicios y falta de imparcialidad. El interrogatorio pone de manifiesto una falta de conocimiento y formación sobre cómo tratar casos de violencias sexuales. Carretero no escucha lo que Mouliaá le explica. Se denota de toda su intervención una actitud cargada de perjuicios, responsabiliza a Mouliaá y hasta insinúa constantemente que lo que dice no es creíble.
2. Agresividad verbal. Carretero interrumpe constantemente el relato de la víctima. Es desagradable en el tono, incisivo, y utiliza palabras lascivas (ella habla de glúteos y pechos y él le responde con "chuparle las tetas", "tocarle el culo").
3. Presión psicológica e intimidación. Discursivamente, el juez acorrala a Mouliaá: no le permite explicarse y la pisa constantemente. No construye un espacio de confianza ni seguro donde pueda fluir el relato de un hecho traumático. Busca incomodarla constantemente (la hace declarar de pie) y la tensiona. La agobia con repreguntas y no respeta su ritmo cuando explica los hechos.
4. Manipulación de las respuestas y menoscabo.Carretero no da valor a las respuestas de la actriz. En lugar de intentar repreguntar con un tono clarificador, busca empequeñecerla, incluso infantilizándola ("¿Por qué no se lo quitaba de encima?" "¿Le quitó las bragas?"). No le da tiempo para reflexionar con calma y genera un estrés cerebral que solo puede provocar confusión en ella. No busca la verdad, sino que busca los límites de su resistencia psicológica.
5. Cuestionamiento del relato. El juez reacciona incrédulo a cómo ella explica que actuó, poniendo en duda de forma muy socarrona las reacciones tras la agresión ("Si estaba lleno de gente, ¿por qué no dijo nada, por qué no gritó?"). Puede apreciarse una descalificación pública de ella y de su comportamiento, como si hubiera algún interés espurio por parte de la denunciante.
6. Culpabilización. Las preguntas que hace el juez sobre el momento en el que ella entró en la habitación con Errejón o por qué Errejón se quitó "el miembro viril" imprimen sobre la denunciante una pátina o bien de culpabilidad o bien de ingenuidad. La intervención del juez conduce el relato hacia la idea de que el acto era deseado por los dos –es decir: la denuncia es falsa.
7. Dolor y sufrimiento para quien acude a la justicia buscando ayuda. Considero este punto el más grave. Juzgar no puede acarrear un nuevo acto de agresión. Es caduco pensar que presionando a las víctimas conseguiremos saber si dicen la verdad. Lo que provocamos cuando presionamos, maltratamos o agredimos a las víctimas en sede judicial no es la eclosión de la verdad, sino que corremos el riesgo de destrozar emocional y psicológicamente a aquellas personas que tras sufrir un hecho traumático piden ayuda. Esto es violencia institucional e implica salir mucho peor, mucho más dolorida, del lugar en el que entraste para ser reparada. Solo hacemos la mayor herida.
Lo que hace falta son menos prejuicios, menos sextos sentidos, menos presiones para poner a prueba y romper a las víctimas (parece que para el juez Carretero solo si superan este maltrato la declaración de las denunciantes puede ser veraz) y más formación y capacitación en atención a las víctimas, en técnicas de recogida de información, de valoración de los relatos, más pruebas periféricas, más testigos... Y sobre todo más humanidad en las salas de juicios.
En el 2024 ya no hay excusas que sirvan. Por suerte, algo está cambiando ahora que, tras las 14.000 quejas que ha recibido el CGPJ por el comportamiento del juez Carretero, se le ha abierto un expediente. Veremos qué recorrido tiene.
Sin embargo, hay algunos jueces y juezas que demuestran que las cosas se pueden hacer bien, esclareciendo los hechos y juzgando las situaciones y a la vez acompañando y entendiendo el proceso tan complejo por el que pasan las víctimas.
No podemos permitir situaciones como la que se ha vivido esta semana. Primero, por la propia Elisa Mouliaá –por el dolor que esto le ha comportado–, pero también porque actuaciones como estas son grandes desincentivadoras para las víctimas de violencias sexuales, que probablemente no denunciarán.
