Sin duda uno de los motores que encendió la espoleta del Proceso fue el maltrato económico que sufre Catalunya dentro de España, tanto en términos de inversiones como en la financiación autonómica per cápita. La Generalitat calcula que cada año se produce un déficit fiscal que ronda el 10% del PIB catalán, una cifra que es escandalosa desde todos los puntos de vista y que equivale, en datos del 2021, a 22.000 millones de euros. Y aunque Catalunya es la autonomía que más ha batallado por arrancar recursos al Estado para destinarlos a todas las comunidades autónomas, los datos indican que los catalanes siempre salen perdiendo. Quizás no son los más damnificados (también hay valencianos y baleares, en esta liga), pero siempre están en la parte baja del ranking.
El fracaso de todos los modelos pactados hasta ahora, y la incapacidad del estado español de hacer una propuesta seria en Cataluña en esta cuestión, ha hecho que haya una desconfianza tal que ahora los partidos independentistas no se contentan con nada que no sea el concierto. Cataluña podría tener una financiación justa dentro del régimen común, sólo sería necesario que los criterios de reparto de recursos tuvieran en cuenta la capacidad fiscal, la población real y el coste de la vida. Pero como la experiencia siempre ha sido mala, ahora lo que se reclama es la clave de la caja, es decir, recaudar todos los impuestos y después transferir al Estado la cantidad que se pacte de acuerdo con los servicios prestados y también una cuota de solidaridad para los territorios más atrasados.
Incluso el PSC, que es quien pactó el actual sistema con el gobierno de Zapatero, ha admitido que no puede ser que Catalunya sea la cuarta en aportación y la decimocuarta a la hora de recibir, y por tanto defiende que se aplique el criterio de la ordinalidad. La cuestión es que no parece ni siquiera que el PSOE acepte ese principio tan básico.
En Catalunya, una vez instalados en el post-Proceso, existe un consenso bastante amplio en la necesidad de que la Generalitat recaude todos los impuestos, o al menos una amplia mayoría, y tener así más control financiero sobre los recursos. Los socialistas han cumplido su palabra en cuanto a la desjudicialización, y puede subrayarse en este punto la valentía del presidente Pedro Sánchez, pero ahora llega la hora de la verdad, la hora de definir una propuesta para Catalunya que tenga un amplio consenso y permita comprobar que, como dicen, sí es posible avanzar en el autogobierno catalán y en la federalización del Estado sin que el mundo acabe ni suenen las trompetas del Apocalipsis.
Se podrá estar de acuerdo o no con la independencia, incluso con el referéndum, con el federalismo o con otras formas de organización territorial, pero de lo que no cabe duda es que Cataluña merece un mejor trato económico y fiscal del Estado. La función del PSC en este momento histórico es convencer al PSOE de que debe dar un paso en la dirección correcta si no quiere que todo embarranque. Y aquí no hablamos ya de una cuestión de derechos históricos o de identidad, sino de justicia social.
![Reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en julio de 2022.](data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 16 9"%3E%3C/svg%3E)