El sistema de financiación autonómica vigente, lejos de calificarlo yo de modelo, no creo que se pueda considerar bueno y virtuoso. Al menos en estos momentos, desde la óptica de las fuerzas políticas y de la opinión pública dominante en Catalunya. Quizás fue útil en el pasado, durante el avance de una descentralización territorial a la que se invitó, incluso, a las provincias que no veían ni la necesidad ni la conveniencia del autogobierno, más allá de no querer ser menos que los catalanes. En cualquier caso, no es un sistema de financiación bueno, en el sentido de ser útil para resolver el intento de reencajar Cataluña en España. Mantener, con ligeras modificaciones, el sistema actual, con Cataluña en el régimen común, no creo que sea hoy posible. Escalo a continuación la nueva financiación que puede convertirse de menos a más potencia descentralizadora.
Empecemos con la reforma de mínimos: asegurar la ordinalidad, centrando la nivelación en un solo fondo, el Fondo de Garantía de Servicios Básicos "esenciales y fundamentales", como dice la ley –no, por tanto, de todos los servicios de bienestar que a una comunidad se le puedan ocurrir–, y sin incrementar el porcentaje actual de cobertura (el 75%). Con una nivelación hecha bajo una regla transparente; por ejemplo, la cesión de la progresividad fiscal al IRPF bajo recaudación normativa. Los recargos siguen siendo limpios para quien les imponga, pero se cede la diferencia entre la recaudación fiscal efectiva respecto de la base de renta relativa de Cataluña dentro del Estado. Y lo que el Estado aportaba al resto de fondos y subfondos, que se reparta según la capacidad fiscal relativa, lo que mantendría la ordinalidad.
Añadamos: pasar de la cesión del 50% a una cesión del 100% del IRPF, manteniendo la legislación estatal aprobada por todos en el Parlamento español, y bajo el pacto de cesión de su progresividad fiscal normativa, como antes decíamos. Una regla robusta (la solidaridad es personal) y dinámica y no manipulable en el tiempo; si se pierde renta relativa, baja la aportación solidaria.
Más: el consorcio tributario sin las llaves de la caja; éstas se exigen por desconfianza. De lo contrario, se podría externalizar la recaudación (agencializar) totalmente. Pero si se habla de consorcio, debe serlo de verdad, con un órgano de gobierno en el que uno no hace si el otro no acepta, y con una gestión compartida con la cesión por mitades de medios y de personal transferido.
Continuamos: bajo el actual sistema de población ajustada, primero hacer entrar las diputaciones forales, y ajustarla de una vez por el coste de vida relativo. Esto supondría, de una sola vez, en torno a un 10% más de recursos, destinados a los beneficiarios que sufren este coste. Y habría que convencer al resto de comunidades autónomas de que menos recursos no es realmente menos en capacidad de compra en los territorios de menor coste relativo. Complicado.
Seguimos: replicamos para Cataluña los conciertos forales. La Generalitat recauda todo, incluido el impuesto de sociedades –que el Estado, ahora, dice que no es transferible–, y para los impuestos indirectos la recaudación prevalece sobre los índices de imputación actuales, y supuestos diversos de incidencia fiscal . Con cuota solidaria, como ofreció el president Mas en su día, o sin cuota solidaria efectiva, como en el caso de los vascos.
Finalmente, el escenario en el que se asume toda la recaudación tributaria (las llaves de la caja) de forma excluyente, por todos los conceptos (incluso de empresas públicas y consorcios), y se acuerdan las competencias que en cada momento se quieran participar con el Estado; y, de nuevo, con o sin cuota de solidaridad. Supuesto de independencia con todos los pros y contras en la generación, o pérdida, de renta y riqueza de Cataluña.
![Pedro Sánchez y Salvador Isla](data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 16 9"%3E%3C/svg%3E)