En Cataluña, se considera pobre a alguien que dispone de unos ingresos anuales inferiores a 12.564 euros o, en el caso de una familia de dos adultos y dos criaturas, inferiores a 26.385 euros. Los datos del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) no dejan demasiado margen de duda: un 33% de los niños catalanes, es decir, unos 400.000 niños y niñas, viven en familias en el umbral de la pobreza. Si, en cambio, miramos en el otro extremo de la pirámide poblacional, entre los 1,4 millones de jubilados, pensionistas y retirados, el 13% (182.000 personas) están en situación de pobreza. Por tanto, existe el doble de niños que de personas mayores que no llegan a los mínimos, lo que en ningún caso significa que la gente mayor viva en la abundancia, ni mucho menos. Lo que denota esta diferencia es que el sistema de pensiones y de políticas sociales dedicadas a la vejez, pese a las carencias (182.000 mayores en pobreza sigue siendo un problema grave), en parte funciona. Tanto es así que durante la crisis financiera de 2008 adelante, muchas familias jóvenes sobrevivieron gracias a las prestaciones de los abuelos.
Para revertir la indefensión de los más pequeños de la sociedad, lo que, por otra parte, sin duda contribuye a la baja tasa de natalidad, hace tiempo que las entidades sociales, con la Mesa del Tercer Sector a la cabeza, reclaman que se establezca algún tipo de prestación económica vinculada directamente a la infancia. Se trataría así de revertir el llamado círculo vicioso de la pobreza hereditaria. Una infancia en la precariedad cortocircuita de raíz en el ascensor social y perpetúa las desigualdades.
Aparte de los niños, el otro colectivo más afectado por la pobreza es el de los extranjeros no comunitarios: el porcentaje depobres inmigrantes dobla el de los autóctonos. Y, en tercer lugar, está el sesgo de género: el 26% de las mujeres sufren privaciones materiales por falta de ingresos, tres puntos más que los hombres, por lo que un niño de familia inmigrante y madre soltera sería lo que más probabilidades de pobreza tendría.
Aunque en términos generales se ha mejorado en algunos aspectos –casi uno de cada cuatro catalanes (24,4%) está en riesgo de pobreza o exclusión social, tres décimas por debajo de los resultados del año pasado– , en otros no hay progreso. Por ejemplo, un 36% de los catalanes afirma que va tan justo económicamente que no puede hacer frente a ningún gasto de un imprevisto de más de 800 euros (dos puntos más que un año antes), y un 20% sufre pobreza energética; es decir, no pueden pagar la factura energética por mantener su casa a una temperatura adecuada (19%, el año anterior). Por el contrario, el 28,8% declara que no pueden hacerni una semana de vacaciones, frente al 30,9% que lo manifestaban en 2022.
En todo caso, la ligera mejora global no ha permitido alcanzar el nivel prepandémico de 2019 (23,6% de pobreza) y ello a pesar del fortalecimiento de las políticas públicas sociales a partir de la covid, como el establecimiento del ingreso mínimo vital (2021) o el aumento del indicador de renta de suficiencia (un 7% en 2023) a partir del cual se dan las ayudas.
