La huelga educativa ha supuesto una fuerte movilización de los docentes, en especial de los centros de titularidad pública y sobre todo en la secundaria. Los centros concertados, con poca sintonía con unos sindicatos que los tienen en el punto de mira, se han sumado poco al llamamiento. En todo caso, hacía años que el colectivo no vaciaba tan masivamente las aulas y salía a la calle para hacer oír su malestar, un descontento que tiene motivaciones muy diversas. La convocatoria ha tenido la virtud innegable de catalizar desde agravios antiguos hasta el cansancio de la pandemia y la oposición a los cambios recientes promovidos por la conselleria de Educación. El caso es que hace tiempo que la profesión se siendo socialmente cuestionada o poco valorada y que ha ido desconectando de la administración. De forma que ahora, en el choque con el conseller Josep Gonzàlez-Cambray ha encontrado la manera de expresar una indignación hecha de reivindicaciones tanto laborales como educativas, pero que, debido al planteamiento sindical inicial, ha quedado muy marcada por la negativa a aceptar que los alumnos vuelvan una semana antes después de las vacaciones de verano. Una cuestión, esta última, que las familias no han entendido.
Como siempre pasa en estos casos, ambas partes (conselleria y sindicatos) se acusan mutuamente de negarse a dialogar. Es verdad que el conseller Gonzàlez-Cambray ha sido resolutivo a la hora de sacar adelante modificaciones relevantes (currículums y horarios) sin muchos miramientos, pero también lo es que los sindicatos no se habían presentado a las últimas mesas de diálogo. Había un clamoroso abismo. Y esto tiene que cambiar. Las dos partes tienen la responsabilidad de reconducir la situación.
Una demostración de esta falta de diálogo es la paradoja que esta huelga a favor de la enseñanza pública y de titularidad pública se haga en contra del departamento que, en términos históricos, más exigente está siendo con el sector concertado, tanto con los protocolos de matriculación para que incluyan alumnado vulnerable cómo, por ejemplo, con la retirada de los conciertos a las escuelas que segregan por sexo. También es paradójico que en el mundo escolar la mayoría de voces reclamen cambios valientes e innovadores, pero que a la hora de la verdad no haya manera de sumar energías y consensuar transformaciones. Acaba ganando la parálisis. A menudo, solo el buen trabajo de muchos maestros suple esta falta de entendimiento. Un entendimiento en la cual tendrían que participar todos los agentes: administración, asociaciones pedagógicas, sindicatos, patronales de la concertada, asociaciones de familias, estudiantes... Lo que no puede ser es que como sociedad no conseguimos prestigiar la enseñanza, subir la calidad y hacer que llegue a todo el mundo. Hace demasiado tiempo que los intentos quedan a medias.
Parece bastante evidente que, desde las políticas de inclusión hasta la defensa del catalán ante la amenaza del 25% judicial, desde la mejora de la formación de los maestros hasta los cambios curriculares o las aulas de acogida, hay más coincidencias que diferencias. En los temas laborales y organizativos seguramente la distancia es más grande. Y siempre habrá el problema de los recursos. Pero hay que sentarse a hablar de todo, con honestidad y transparencia. Es urgente y necesario. La huelga tiene que dar, paso cuanto antes mejor, al diálogo y a una mejora de la educación.
