La lucha contra la segregación escolar no progresa adecuadamente
La asignatura de la lucha contra la segregación escolar no progresa adecuadamente. De hecho, en algunos aspectos empeora. Hace dos años las instituciones políticas y la comunidad educativa se comprometieron con un pacto solemne para combatir este problema, uno de los principales que lastran la calidad y la equidad del sistema. La iniciativa la impulsaron el departamento de Educación y el Síndic de Greuges, y se sumó prácticamente todo el mundo, incluidos los centros concertados y los diversos agentes del mundo educativo. Pero de momento aquellas buenas intenciones han quedado en papel mojado. Demasiado a menudo hacer buenas leyes y buenos documentos es relativamente fácil, pero ponerlos en práctica ya es otra cosa. Pero no tendría que haber tanta distancia.
Si el acuerdo fue prácticamente unánime vista la gravedad de la situación –pocos centros concentraban el grueso de los alumnos desfavorecidos–, ahora podemos decir que dos años después la situación continúa estancada o incluso se agrava. Esto es lo que documenta un estudio de la Fundació Bofill, según el cual el 83% de las escuelas e institutos vulnerables recibieron matrícula viva –alumnos que llegan a medio curso y que a menudo arrastran una mochila vital complicada–, lo cual quedaba explícitamente prohibido en el pacto y complica todavía más la situación de estos centros. Uno de cada tres chicos y chicas llegados durante el curso 2019-2020, normalmente procedentes de familias migradas o expulsadas económicamente, fue a parar a una de estas escuelas o institutos.
De hecho, la inacción de las administraciones (tanto de la Generalitat cómo de muchos ayuntamientos) ha hecho más agudo el problema general, con un aumento de los centros que se pueden considerar segregados, que han pasado de 400 a 420 en los últimos cinco años. O sea que los mecanismos que incluía el pacto, en la práctica, no han funcionado. Ha faltado voluntad política y han faltado recursos, normalmente dos caras de la misma moneda. Y como destaca el estudio de Bofill, la cuestión no se puede reducir a la dicotomía público-privado: a pesar de que la mayoría de los centros afectados son públicos, también hay concertados que están en esta situación y públicos (en concreto, 140) que incumplen claramente las medidas de acogida.
El problema de la segregación, además, va más allá de la matrícula abierta. Según los datos más actualizados, el departamento de Educación de la Generalitat solo tiene detectados a 59.082 alumnos vulnerables, un 7% del total, cuando la tasa de alumnos por debajo del umbral de la pobreza es del 21,3%, lo cual significa que hay cerca de 120.000 niños con necesidades educativas especiales sin cubrir. Son muchos y son chicos y chicas que lo tendrán muy difícil a la hora de progresar educativamente y, por lo tanto, también socialmente y económicamente. Y después nos lamentamos del fracaso escolar, de la media del nivel académico y de la poca preparación de muchos jóvenes. Una buena integración en el mundo escolar es la mejor receta para hacer real el ascensor social, ahora ciertamente estropeado, y por lo tanto para conseguir una sociedad más justa y dinámica.
