En Europa, por término medio, diez de cada cien viviendas principales son viviendas sociales. En países como Dinamarca, Austria, Suecia, Francia o Países Bajos son más de 15. Sin embargo, en España sólo un 2,5% del parque de vivienda es social. Los alquileres de Barcelona se han casi triplicado en lo que va de siglo, y son impagables por unos salarios que no han llegado ni a doblarse en estos años. Ya desde 2009, con la creación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), se organizaron numerosas manifestaciones por el derecho a la vivienda. Por tanto, no debería sorprendernos que, en menos de 24 horas, tanto el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, presentaran una serie de medidas que afectan al mercado de la vivienda .
Pedro Sánchez ha anunciado una batería de 12 medidas enfocadas a ampliar el parque público de alquiler, regular el mercado y desincentivar el uso especulativo de la vivienda. planteamiento basado en la flexibilidad de la normativa, el fomento de la construcción y la reducción de impuestos, especialmente en la compraventa. Lo que sí es común es el diagnóstico: falta vivienda para dar respuesta a las demandas del mercado. Un mercado en el que se negocia uno de los elementos principales para la vida, el techo. En economía hablamos de los bienes preferentes, aquellos que se consumen de forma privada y que son esenciales para tener una vida digna. Esto hace que no puedan dejarse en manos de las dinámicas de mercado. El gobierno de Sánchez ha entendido la vivienda como un bien preferente, pero hasta ahora se ha centrado la atención en intentar evitar las fuerzas del mercado privado de acuerdo con la regulación, control de precios o las prohibiciones, sin entender que la clave para poder garantizar un acceso asequible a la vivienda es el hecho de tener viviendas públicas. Algunas de las medidas propuestas ahora van en esta línea, así como aumentar la oferta en general. De viviendas ya construidas, por ejemplo a partir de la transferencia de suelo residencial a la nueva empresa pública de vivienda, o las ayudas para la rehabilitación de pisos vacíos destinados al alquiler asequible. Y también –y más importante– de vivienda por construir. Utilizando fondos europeos para la construcción de viviendas prefabricadas y modulares, o, como propone el PP, reduciendo los plazos de respuesta de los informes urbanísticos para agilizar el mercado.
Las medidas planteadas tanto por el gobierno como por la oposición buscan, en base a incentivos y garantías, acercar una oferta y una demanda que no han parado de separarse. Se habla mucho de las diferencias entre las propuestas socialistas y las populares, pero, aunque existen muchas teorías sobre las políticas de vivienda, no existe ningún manual sobre cómo tener unas viviendas accesibles para todos a un precio razonable.
En el fondo, resulta difícil resolver el dilema diabólico de los incentivos a los constructores (y propietarios). Por un lado, debe animarse el mayor número de agentes con capacidad para aumentar la oferta de vivienda. Pero, al mismo tiempo, no podemos vender la idea de que es un gran negocio en el que se puede hacer mucho dinero de forma rápida. Hay que tener en cuenta que no son pocos los países de nuestro entorno que tratan con impuestos disuasorios –e incluso con prohibiciones– la especulación inmobiliaria. La inversión más rentable no puede estar en el ladrillo, y sobre todo, al impedir el acceso de gran parte de la población a un alquiler asequible. Es decir, queremos incentivar que se invierta, pero impedir a los pelotazos. Y éste es un equilibrio complejo. Por eso, que los políticos envíen una señal de que, gobierne quien gobierne, habrá una continuidad es más importante que encontrar la política ideal (que no existe). Un mal pacto es preferible a una política perfecta.
