El Idescat dispone de una página con los precios de la vivienda desde 2007. Es una fecha muy conveniente porque señala el máximo de la burbuja inmobiliaria que estalló en 2008. El índice general de precios de la vivienda alcanzó , en el primer trimestre de 2007, un valor de 170,7. El último dato disponible, del cuarto trimestre de 2023, es de 158,0, un 7,5 por ciento menos. Por el camino ha habido bajadas (dos crisis muy duras) y subidas. La vivienda nueva se ha comportado de forma bastante diferente a la vivienda de segunda mano. A lo largo de los dieciséis años considerados (2007-2023), el nueve creció un 27,8 por ciento, mientras que el de segunda mano cayó un 15,2 por ciento. Estos datos, fácilmente consultables, sugieren que, visto con perspectiva, y para toda Cataluña, no existe un problema real de precios de la vivienda. Sí existe un problema de sueldos. El ingreso per cápita no sube, hijo de crecimiento intensivo en trabajo con bajas remuneraciones.
¿Dónde está el problema de los alquileres? El problema está "construido". Es una construcción lo suficientemente endemoniada porque, apelando a la igualdad ya la solidaridad, está creando divisorias sociales ficticias y respuestas económicas inadecuadas. Crea inseguridad jurídica. Demoniza a los pequeños propietarios de viviendas en alquiler. Frena la inversión en construcción de nueva vivienda. Regula innecesariamente la oferta, reduce los incentivos para que crezca y nos escandalizamos de que los alquileres se encarezcan. Si miramos la página del Idescat sobre el coste de la vida veremos que los gastos de vivienda no son, ni de lejos, los que crecen más rápidamente, todo lo contrario. Sólo se encarecen, pero menos que la media, cuando las comparamos con el peor momento de la crisis financiera (2013). Se quiere movilizar a una potencial masa de votantes y probablemente algunas percepciones se han elevado a la categoría de universales cuando no lo son en absoluto.
Las percepciones pueden variar por edades o por nivel de ingresos, pero las que están documentadas apuntan a que hay más quejas allí donde los alquileres son más altos. Y son más altos en los que hay más demanda. ¿Por qué no hacemos cómo se ha hecho siempre que dejemos funcionar el mercado? Que los demandantes de alquileres más baratos busquen dónde los alquileres son más baratos. ¿Por qué querer congestionar más las ciudades de lo que ya lo están y no apostamos por descongestionar las aglomeraciones urbanas? Porque no recordamos que las decisiones individuales acaban siendo de este tipo: a menores ingresos, alquiler o compra más lejos del centro de la congestión (el centro de Barcelona). Si mejoran los ingresos y se valora la centralidad, se puede desplazar hacia el centro metropolitano. Nos quejamos de la elefantiasis urbana, y concretamente barcelonesa, pero después queremos alimentarla con controles de precios que aumentan los incentivos para vivir en Barcelona. Que haya sido la alcaldesa Colau la gran defensora de esta política, y que precisamente ella no se haya preocupado en nada por la promoción de vivienda social fuera del municipio de Barcelona a pesar de ser presidenta del Área Metropolitana de Barcelona nos sugiere que quizás existe una lógica estrictamente política. No se quiere promover vivienda social allá donde no están los propios votantes. La regulación del alquiler es una medida orientada a satisfacer a los propios votantes –los de cada municipio–. A cambio, se empeora la calidad de vida del conjunto del país, e incluso de los más interesados, a veces demasiado entusiasmados con la lucha contra los propietarios de pisos de alquiler, que resultan ser la clase media del país.
Efectivamente, había un tiempo –no hace mucho– que se hablaba de los grandes tenedores y eran los “fondos buitre”. A medida que el gobierno de la Generalitat y el del Estado tuvieron que aterrizar en la realidad vieron que los muy grandes propietarios de pisos tenían una fracción suficientemente pequeña de los pisos para no ser significativos a la hora de adoptar políticas . Descendieron a una definición de grandes tenedores como propietarios de diez pisos. Luego han descendido a cinco pisos. Por último, han decidido que los propietarios de pisos estaban demasiado concentrados en la franja más baja y han generalizado la medida a todos los propietarios de pisos. Esto significa que han dejado de considerar a la clase media como su objetivo electoral.
Las soluciones a la falta de vivienda social han sido siempre y en todas partes la promoción de vivienda social por parte de las administraciones públicas. No hacerlo es una dejadez grave por parte de los responsables, dado que una parte muy significativa de los impuestos proceden de la propiedad urbana –impuestos a la compra, a la venta ya la tenencia– y benefician a la administración estatal, las autonómicas y las municipales, y siempre con la característica de ser fiscalmente insoslayables, excepto para los que van por el mundo con maletas llenas de billetes.
