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Opinión

La doble penalización en el mercado laboral por ser mujer inmigrante

Una madre acompaña a su hija en una escuela en Barcelona.
18/01/2025
3 min
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Las mujeres inmigrantes sufren una doble penalización en el mercado de trabajo, que combina las desigualdades de género con las barreras asociadas a la condición de inmigrante. hijos de entre 0 y 3 años era del 79%, una cifra 19 puntos porcentuales inferior a la de los varones con hijos del mismo rango de edad. brecha se agrava en el caso de las mujeres inmigrantes, con una tasa de participación del 57%, 36 puntos porcentuales inferior a la de los hombres inmigrantes y 22 puntos por debajo de la de las mujeres nativas.

La maternidad tiene efectos importantes sobre las oportunidades laborales de las mujeres. Las dificultades para conciliar la vida familiar y laboral pueden representar un obstáculo significativo para el desarrollo profesional, sobre todo para las familias. inmigrantes con menos recursos y menos acceso a mecanismos de soporte.

La mayoría de países europeos han desarrollado políticas familiares para facilitar la conciliación de las personas con menores a cargo. Una de las políticas estrella es la introducción y posterior extensión del permiso de paternidad, que busca involucrar a los hombres en la crianza y fomentar la participación y el progreso laboral femenino. Desde el año 2021, España dispone de uno de los permisos de paternidad más generosos de la OCDE: 16 semanas, no transferibles, remuneradas al 100% y obligatorias durante las primeras seis semanas. Esta política sitúa a España como referente en la equiparación de derechos de maternidad y paternidad y contribuye a reducir las desigualdades de género en las tareas de cuidado.

Obstáculos en los permisos de nacimiento

Sin embargo, esta política no está al alcance de todas las familias. Actualmente, para acceder a los permisos de nacimiento es necesario haber cotizado un período mínimo, un requisito que deja fuera a muchas mujeres inmigrantes, sobre todo a las que trabajan en sectores informales o con poca trayectoria laboral en el país. La normativa exige haber cotizado 90 días en los siete años anteriores al nacimiento del menor; o 180 días a lo largo de la vida laboral cuando los progenitores tienen entre 21 y 25 años, y 180 días de forma continua durante los siete años previos o 360 días a lo largo de la vida laboral si el progenitor es mayor de 26 años. Este requisito de cotización previa puede excluir a las familias que han llegado recientemente al país o no cuentan con una trayectoria laboral legalizada. Para facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar, sería deseable eliminar ese requisito para las familias recién llegadas.

La universalización de la educación pública infantil de 0 a 3 años es otro instrumento fundamental para reducir las brechas de género y origen en el mercado laboral. Esta infraestructura ofrece tiempo de cuidados que los progenitores, sobre todo las madres con menos recursos, pueden dedicar a su desarrollo profesional. Actualmente, este ciclo educativo en Cataluña no es universal ni gratuito a todos los niveles y presenta tasas de matriculación muy bajas. Según datos del departamento de Enseñanza para el curso 2023-2024, sólo el 11% de los niños menores de un año estaban escolarizados. Esta tasa era del 48% entre niños de un año y del 67% entre los de dos años.

La evidencia internacional muestra que la expansión de la educación infantil tiene efectos positivos tanto sobre la participación de las madres en el mercado de trabajo como sobre el desarrollo infantil. Además, estos beneficios son significativos entre las familias de contextos socioeconómicos desfavorecidos, como las familias inmigrantes, para quienes los costes de la escolarización representan una parte significativa del presupuesto doméstico. Universalizar la educación pública de 0 a 3 años permitiría aliviar la carga de las tareas de cuidado y abriría la puerta a una mayor participación laboral de las mujeres inmigrantes.

Las medidas propuestas —la eliminación del requisito mínimo de cotización para acceder a los permisos de nacimiento y la universalización de la educación pública infantil de 0 a 3 años— pueden servir para reducir la doble penalización que afecta a las mujeres inmigrantes. Estas políticas no sólo promoverían su inclusión laboral, sino que también contribuirían a una sociedad más equitativa ya un uso más eficiente de los recursos humanos.

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