Tras el anuncio del presidente de Junts, Carles Puigdemont, que suspende las negociaciones sobre las cuentas del Estado con el PSOE, todo apunta a un año de estancamiento presupuestario en los distintos niveles de la administración: el Gobierno español, la Generalitat y también el Ayuntamiento de Barcelona. Aunque las partes implicadas puedan tener sus motivos, de entrada no es una buena noticia para el ciudadano ni para el buen funcionamiento de las instituciones. Pero vayamos a palmos.
El veto de Junts a las cuentas españolas se justifica en que hay muchos compromisos pendientes del PSOE que aún no se han cumplido, ya sea por falta de voluntad política, como es el caso del traspaso de competencias en la inmigración, ya sea por el bloqueo impuesto por otros poderes del Estado, como es el caso de la amnistía y el poder judicial. Puigdemont tuvo mucho cuidado este viernes en dejar la puerta abierta al entendimiento, porque sabe que derrocar al Gobierno de Pedro Sánchez también haría perder a Junts el papel clave que ahora tiene en la legislatura española. Pero al mismo tiempo, Junts siempre debe demostrar que es mucho más exigente que ERC, lo que provoca esta relación llena de vaivenes, crisis y reconciliaciones, en la que el tren siempre parece estar a punto de descarrilar pero nunca acaba haciéndolo. .
El escenario es similar al de la Generalitat, pero aquí el veto a las cuentas de Salvador Illa proviene de ERC, que en un momento de extrema debilidad, tanto por los resultados electorales como por la división interna, considera que acercarse a los socialistas sería políticamente suicida. En este caso, los republicanos piden más concreción en cuestiones como la condonación de 15.000 millones del FLA o la arquitectura del nuevo sistema de financiación, cosas que probablemente no se puedan tener de hoy para mañana. Junqueras debe aceptar la contradicción de haber votado la investidura de Illa a cambio de un acuerdo legislativo ambicioso y luego no aprobar sus presupuestos.
Finalmente, en el Ayuntamiento de Barcelona, son los comunes los que bloquean las cuentas del alcalde Collboni, que sí cuenta con el aval de ERC. La posición de los comunes también es difícil de entender, y más si tenemos en cuenta que han sufrido en carne propia durante ocho años las dificultades de no tener cuentas, y que siempre tuvieron a los socialistas como aliados.
Este escenario de bloqueo podría mantenerse durante la primera parte del año, ya que todos los partidos implicados necesitan tiempo para reordenarse internamente y poder presentar en las respectivas parroquias los frutos de su estrategia de negociación. Pero lo mínimo que se debe pedir a todo el mundo es responsabilidad, tanto por cumplir los acuerdos firmados como por no perjudicar a la ciudadanía por intereses de partido. Es cierto que las administraciones se han acostumbrado en los últimos años a seguir funcionando con presupuestos ampliados (ni el PP podrá aprobarlos cuando depende de Vox), pero esto no debería convertirse en la nueva normalidad, porque al final la instancia es una señal. del fracaso de las políticas.
