Se dispara el alquiler de temporada: una fuga anunciada
En junio del pasado año entró en vigor la ley estatal de la vivienda. Nueve meses después, la semana pasada, lo hizo el índice de control del precio de los alquileres. Una norma y un índice que han provocado una pelea competencial entre la Generalitat y el Estado (todavía se mantiene en lo que respecta al índice) pero que, en realidad, cojean en el sentido más profundo de su objetivo. Los expertos del sector ya avisaron que ni la ley ni el índice podrían regular por completo la oferta de alquiler, y que el mercado tenía espacios para rehuir el control de los precios, con la figura del alquiler de temporada a la cabeza. Los primeros datos oficiales disponibles, que analizamos en el diario, apuntan esta tendencia.
Las ha facilitado el Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona, y muestran la comparación entre los segundos trimestres de 2022 y 2023. Es decir, justo antes de la aprobación de la ley estatal de vivienda. En resumen: la oferta de alquileres de temporada en Barcelona creció durante ese periodo un 17,6%, mientras que la oferta de alquiler residencial lo hizo sólo en un 0,5%. Treinta y cinco veces más. En junio del año pasado el barrio de la Barceloneta era el que concentraba más oferta de alquiler de temporada en términos relativos (un 40,5%), la Derecha del Eixample lo hacía en términos absolutos (475) y la Sagrada Familia era donde más había crecido (50%).
Es decir, antes de la nueva ley (y mucho antes del índice) se estaba produciendo un traspaso de la oferta residencial a la de temporada. Es una figura que se encuentra en una especie de vacío legal en el que no se ve afectada por el índice. Simplemente es necesario que el contrato supere los 31 días (para sortear ser considerado alquiler turístico), pero no hay un máximo de tiempo fijado. Un destino lógico para los propietarios que se sienten apretados por el índice de control de precios, y un movimiento que neutraliza en gran parte el efecto buscado.
A la espera de que nuevos datos oficiales lo confirmen, puede suponerse que desde que la ley está vigente, y también ahora que se ha aprobado el índice, esta tendencia se habrá mantenido al alza.
La crisis de la vivienda es una realidad innegable desde hace unos años que el mercado, por sí mismo, no puede solucionar. Se ha demostrado. Es necesaria una regulación pública para garantizar un derecho básico sobre el que se edifican buena parte del resto de derechos, necesidades y aspiraciones de la persona y la sociedad: es el primer escalón de la dignidad. Pero esta crisis tiene muchas caras y aristas, muchos actores y afectados, como ejemplifica también el reportaje sobre el asentamiento de gitanos rumanos en Vallcarca, que lleva muchos años establecido y al que no se encuentra solución. No existe, pues, una sola solución milagrosa. Alquiler, compra, vivienda social, vivienda de emergencia o provisional, grandes tenedores, fondos de inversión, pequeños tenedores... Las soluciones también deben tener en cuenta el funcionamiento del mercado de la vivienda, que como todos los mercados y ámbitos de negocio busca siempre la brecha por donde esquivar la regulación.
Lo que no tiene sentido es afrontar un problema como el del alquiler y quedarse a medias. Todos los expertos habían alertado de la figura del alquiler de temporada como válvula de escape. Y la nueva ley estatal de la vivienda cuya única referencia es la futura constitución de un grupo de trabajo para analizar la cuestión.
