Invisibles y omnipresentes

Soledad, junto con otras compañeras que se dedican a los cuidados, participa en actos reivindicativos que finalizan con una demanda común: “Sin nosotros no se mueve el mundo”. A su lado, su compañera Ana, de 53 años, explica que perdió su trabajo después de una baja maternal y que desde entonces es trabajadora del hogar y los cuidados. Levantan la voz y se organizan porque no quieren seguir siendo invisibilizadas, discriminadas, explotadas y excluidas de sus derechos sociales y laborales.

¿A qué se dedican? ¿Qué son los cuidados? Cuentan que se encargan de trabajos tan básicos pero a la vez tan importantes para sostener la vida como ir de compras, preparar las comidas, limpiar la casa o lavar la ropa. También cubren necesidades vitales que garantizan el bienestar de las personas mayores y de la infancia. Muchas de estas personas que cuidan tienen altos grados de dependencia por incapacidad o enfermedades diversas, y algunas viven solas.

Pese a que la pandemia evidenció su contribución esencial y que el 85% de la población considera que los cuidados son imprescindibles para el funcionamiento de la sociedad, los trabajos del hogar y los cuidados siguen siendo socialmente infravalorados, insuficientemente regulados, gratuitos o mal pagadas. Según datos de Oxfam Intermón, la percepción social del valor de los cuidados se determina por el tipo y grado de situación a los que se está expuesto. Así, quien tiene una consideración alta por los cuidados son las personas de la llamada generación sándwich, que asumen simultáneamente el cuidado de personas mayores de 65 años dependientes y la atención a la infancia y la adolescencia.

En la actualidad, las necesidades de cuidados se resuelven en el entorno familiar, y sobre todo están cubiertas por las mujeres. En 2023, en España 376.000 personas se afiliaron al Sistema Especial de Trabajadoras del Hogar. El 95,5% son mujeres y casi la mitad son extranjeras. En Catalunya hay 28.300 trabajadoras de los cuidados a domicilio, de los que 24.000 son extranjeros, casi el 84% del total, según datos de la Encuesta de Población Activa. No figuran las mujeres migradas en situación administrativa irregular ni aquellas que, aún teniendo papeles, se ven obligadas a asumir trabajos sin contrato. Muchas veces lo hacen en condiciones de explotación laboral, sobre todo en los casos en los que las mujeres trabajan de internas.

Según estimaciones oficiales, en 2030 el 30% de la población del estado español y el 21% de la población catalana tendrán más de 65 años. Esto significa que tendremos más demandas de servicios de cuidados y posiblemente unas necesidades de dependencia mayores que las actuales. No estamos preparados para hacer frente a una posible “crisis de los cuidados”, y queda mucho por hacer hasta conseguir que las necesidades de cuidados sean reconocidas como un derecho. Es necesario avanzar hacia un sistema integral de cuidados basado en la corresponsabilidad y que esté suficientemente financiado. Las personas que trabajan en este sector deben estar valoradas, y sus derechos laborales deben equipararse a los del resto de personas trabajadoras.

Debería ser una prioridad tanto para el gobierno español como para el catalán finalizar el proceso de transposición del Convenio 189 de la OIT en la legislación estatal. Aunque ya se ha iniciado con el reconocimiento del derecho al paro ya la protección frente al despido, quedan pendientes de resolver aspectos clave como la situación del trabajo de internas, la protección frente a las agencias de locación y las plataformas digitales, el derecho de negociación colectiva, la profesionalización, la prevención de riesgos laborales y la actuación de la Inspección de Trabajo.

Se acercan las elecciones catalanas, y tanto la dignificación del trabajo del hogar y los cuidados como la mejora de las condiciones laborales deberían estar sobre la mesa. Es un reto presente y futuro para la sociedad y el gobierno catalán transformar nuestra mirada y nuestras políticas sobre los cuidados, reconocer el derecho a cuidar ya ser cuidados y garantizar unas condiciones laborales justas.